El grupo municipal de IU apuesta por que el Ayuntamiento arandino realice un inventario de todos los bienes e inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza, de cara a la posible reclamación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La coalición ha presentado una moción en este sentido para su debate en el próximo pleno municipal en la que propone además que el Consistorio inste al Gobierno a revisar el acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979 con respecto al IBI. Así mismo plantea instar a las Cortes Generales a realizar las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas Locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes autonómicas y estatales «para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas».
El portavoz, Máximo Pastor, cree que ese privilegio fiscal no tiene razón de ser y plantea la necesidad de revisar todos los bienes inmuebles de la Iglesia, constituidos algunos como locales a través de fundaciones o asociaciones, y que se haga una relación de todos los lugares de culto, de centros educativos, de pisos, de locales, de guarderías, de suelo rústico... «Que tengamos una relación exacta de todos los locales que tiene la Iglesia con el fin de determinar cuáles están exentos y cuáles no del IBI», indica, alertando de que podrían estar beneficiándose incluso negocios lucrativos.
«Hay que acabar con todas estas exenciones porque incluso puede haber actividades económicas que tengan una actividad de beneficio. Puede haber alguna bodega que en estos momentos no esté pagando el IBI u otra actividad que se dediquen a hacer galletas y pastas. No tiene ningún sentido que a través de fundaciones e historias raras estén dejando de ingresar a los Ayuntamientos un dinero importante», advierte.
Para la coalición este privilegio es un agravio comparativo hacia el resto de los ciudadanos que pagan ‘religiosamente’ el IBI, máxime en la situación de crisis y de recorte en temas básicos como Educación, Sanidad o Asuntos Sociales. «De hecho una de las últimas decisiones del Gobierno en materia de medidas urgentes fue el incremento del IBI y Aranda por no haber hecho la revisión catastral nos supone un incremento del 10%», esgrime.
IU calcula que el IBI de la Iglesia, el mayor propietario inmobiliario del país, reportaría unos 3.000 millones de euros anuales a nivel estatal. La repercusión local no se ha estimado «porque -apunta el edil Julio Pinillos- desconocemos sobre qué base imponible».