Burgos fue la provincia de la región - y la tercera de España- en la que más se incrementaron los desahucios en 2014, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos a mediados de este mes. En total, el año pasado se practicaron en la provincia 560 lanzamientos (denominación judicial), mientras que en el ejercicio anterior se registraron 421. Es decir, el año pasado cerró con un aumento de desalojos del 33%, el porcentaje más alto de toda Castilla y León y el tercero de España.
Por delante solo están La Rioja, con un aumento del 45,3% y Huesca, con un 37,9% más. Y a esto hay que añadir las ejecuciones hipotecarias de locales, pisos o terrenos a causa de los impagos de rentas: 167 en todo el año pasado, un 51,8% más que en 2013.
Las cifras registradas en Burgos son significativas no solo por ser casi las más altas desde el comienzo de la crisis, sino porque difieren con mucho de las de buena parte del país y sobre todo de la región, en la que ya hay cinco provincias con reducciones anuales del número de personas que tienen que salir a la fuerza de las viviendas para cuya compra se hipotecaron: Ávila (con un 12,8% menos); León (con un 3,3% menos), Soria (con un descenso del 20,6%, el máximo de la comunidad), Valladolid (menos 10,3%) y Zamora (menos 18%). En el otro extremo se ubica Burgos (con el ya comentado incremento del 33%), pero también Palencia y Salamanca (con un 8% más en ambos casos) y, por último, la provincia de Segovia (aumentaron un 16%).
Esta situación revela que siguen contándose por centenares las familias que, con y sin hijos, tienen que empaquetar sus pertenencias y salir voluntariamente de las viviendas que un día aspiraron a comprar con dinero prestado por cajas de ahorro y bancos que ahora reclaman parte de esas cantidades o, incluso, más de lo que se prestó por los intereses generados a causa de las cuotas que no se sufragaron en plazo.
Reactivados
Estas cifras también prueban que el tirón de orejas que la Unión Europea dio a España hace ahora dos años por tener una legislación que vulneraba los derechos de los consumidores al autorizar los desalojos sin que el afectado tenga apenas capacidad de defenderse se tradujo en una paralización temporal de asuntos, al menos en lo que respecta a la provincia de Burgos. Fueron decenas las subastas suspendidas a la espera de una unidad de criterios y, también, a la espera de un posible acuerdo entre las partes que evitara la intervención judicial. Pero todos aquellos casos que en 2013 quedaron en suspenso se fueron sumando a los nuevos y de ahí que se hayan alcanzado unas cifras históricas.
Esta situación mantiene tan vigentes como el primer día las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha conseguido 156 acuerdos con las entidades financieras desde 2012.