Lo habitual es establecer comparativas entre obras de nueva construcción. Hablar de inversiones en levantar complejos colosales como museos, palacios de congresos, auditorios u hospitales. Lo raro es hablar de derribarlos. Pero también llegará su día. Después de lucir palmito ante las cámaras en el momento de ser inaugurados, lo único cierto es que cada nuevo sol están un día más cerca de su fin. Ellos, los edificios, mueren de pie, y en no pocas ocasiones tras una larga espera que los acaba convirtiendo en un incordio urbano.

Su desaparición deja momentos para la historia, como los legados por el desmontaje de la chimenea de Cellophane o los que, por motivos bien diferentes, firmó el incendio de la planta de Campofrío siniestrada en noviembre. El próximo hito será hacer desaparecer el Hospital General Yagüe, sin actividad desde junio de 2012 y gobernador de una parcela de 54.000 metros cuadrados en la avenida del Cid.

El complejo fue revertido a su propietario original, la Tesorería de la Seguridad Social, toda vez que el Sacyl se mudó definitivamente al HUBU. Eso llevó su tiempo, no crean, pero es otra historia... Al final, el 17 de julio de 2014 se visó el proyecto de demolición de las míticas ‘300 camas’, centro que prestó servicio durante más de medio siglo y donde varias generaciones de burgaleses pasaron algunos de los mejores y peores momentos de sus vidas.

Casi desde entonces se ha estado tramitando en el Ayuntamiento la licencia para demolerlo. Se valoró su voladura, pero finalmente se optó por un trabajo «elemento a elemento» con maquinaria especial de demolición en planta y en altura. Los primeros informes fueron negativos al considerar los técnicos que no se puede tirar el edificio sin un proyecto de sustitución, primero, y de urbanización, después.

Sin embargo, el área de Licencias ha informado favorablemente este mismo jueves la concesión de la licencia admitiendo que «no se pueden exigir tales proyectos para un ámbito tan amplio», tal y como sintetiza la concejala de Licencias, Dolores Calleja. Esta concesión será debatida en la comisión informativa del próximo martes y será entonces cuando quede el camino (jurídico) libre a la Seguridad Social.

Obra faraónica

Regresando al inicio de estas líneas, en contadas ocasiones puede ocurrir que la destrucción de algo alcance magnitudes de obra inmensa. El derribo del Yagüe durará 8 meses (la planta de Campofrío ha desaparecido en algo más de cuatro) y no es cualquier empresa. Como paso previo, la Seguridad Social debe presentar un estudio de descontaminación de suelos. Después comenzarán los tajos siguiendo el orden inverso al proceso constructivo, es decir, de arriba a abajo.

Según consta en la memoria del proyecto, todo el edificio central desaparecerá «hasta el nivel de cimentación». Las acometidas de todos los suministros habrán sido neutralizadas antes de meter las máquinas, y también se habrá producido un ‘vaciado’ previo para retirar todos los materiales (lámparas, líquidos, cableado, madera, metales...) susceptibles de recibir un tratamiento en plantas autorizadas. Mención aparte merece el «desamiantado». El Yagüe fue construido en los años 50 y tiene mucho amianto, tanto que llevará un mes atacar la retirada de este producto peligroso. Los ascensores y las chimeneas también tienen capítulo propio en la obra.

La demolición obligará a tomar «medidas especiales de protección» del perímetro del Yagüe que obligarán a levantar pantallas para contener los ‘escombros’. Podría ser necesario (advierte el proyecto) cortar el tráfico rodado o peatonal en su entorno y se adoptará una medida cautelar en el caso de los edificios colindantes.

La propuesta recogida en la memoria de la obra es revisar la conservación de las estructuras y tabiquerías de los bloques más cercanos y levantar acta notarial de su estado actual, colocando chivatos en aquellos lugares en los que se pudiera apreciar alguna patología previa al derribo, evitando así reclamaciones posteriores por el impacto de una obra que tendrá que borrar del mapa uno de los edificios de mayores dimensiones de la provincia.

Todo listo

Según explicaba ayer a este periódico el director provincial de la Seguridad Social, Luciano Galindo, la licencia será «enviada de inmediato a Madrid», donde se sumará a «toda la documentación que ya está preparada» para poder iniciar el procedimiento de adjudicación de la obra, algo que no se ha podido hacer antes porque es preceptiva la obtención del permiso ahora desbloqueado por el Ayuntamiento.

La obra cuenta con partida económica suficiente en los presupuestos generales del Estado y la contratación de una empresa que se haga cargo del trabajo podría llevar «tres o cuatro meses», pero inmediatamente después se procederá a iniciar el derribo, que se prevé histórico y que fue solicitado en el Pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos. La previsión, por tanto, es comenzar a finales de verano y terminar en primavera de 2016.

El coste previsto de la actuación es de 5.262.978 euros incluyendo los impuestos y el beneficio industrial. Casi tres millones se corresponden directamente con el derribo, mientras que el movimiento de tierras costará más de 325.000 euros y la gestión de los residuos cerca de 300.000.

Tiempos muy diferentes son los que afectan a la segunda pregunta lógica. Vale, el Yagüe se tira pero, ¿y después qué? Pues después está prevista la urbanización de la parcela resultante, la generación de espacios verdes, reserva de una parcela para dotaciones públicas y construcción de viviendas protegidas. Desarrollar ese planeamiento conlleva una tramitación cercana a los dos años, así que echen cuentas.