El famoso artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación estuvo presente ante el desafío secesionista de Cataluña, vuelve al primer plano de la actualidad. Ninguna comunidad quiere ahora romper a España con una independencia ilegal, pero ese apartado de la Carta Magna puede utilizarse también contra las comunidades que pongan en riesgo la consolidación fiscal exigida por la Unión Europea.
Es una posibilidad extrema, pero el Gobierno, al amparo del 155, podría suspender la autonomía y hacerse con el control de los estamentos políticos de una región para obligar al cumplimiento forzoso de los requisitos necesarios para alcanzar los compromisos de Bruselas. Esta actuación requiere, eso sí, la aprobación por mayoría absoluta del Senado (ahora mismo, a pesar de que el Ejecutivo está en funciones, la Cámara Alta sí está constituida y el PP ostenta esa mayoría absoluta) y faculta al Gabinete central para dar instrucciones a todas las autoridades de una determinada comunidad. De momento, Hacienda no se plantea llegar tan lejos, aunque ya ha hecho uso de las primeras herramientas de las que dispone para meter en cintura a los territorios díscolos con la deuda, que, según el balance anual, suman un total de 14.
Ante esta brecha en las cuentas públicas, que conlleva el tirón de orejas para España por parte de Europa, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avisado a las autonomías incumplidoras de que se aplicará estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque eso suponga medidas poco populares. De hecho, algunas regiones, sobre todo en las que los populares no ostentan el poder, ya han advertido de que se rebelarán si el Gobierno en funciones toma decisiones contundentes.
La primera medida adoptada desde Moncloa fue el envío de una carta instando a las regiones desobedientes a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, de manera que no aumenten su desembolso más allá del potencial crecimiento de su economía. Es decir, que no suban su gasto más del 1,8 por ciento.
Ante el caso omiso a esa remesa de misivas dirigidas a las 14 comunidades que superaron el objetivo de déficit marcado, el Ejecutivo decidió dar un paso más, cortando a Aragón y Extremadura el crédito procedente del Fondo de Liquidez Autonómica para abonar directamente a sus proveedores por sus retrasos al saldar sus deudas con empresas y autónomos.
Poco más puede hacer el Gabinete, de momento, teniendo en cuenta que está en funciones, según admitió el propio Montoro en la rueda de prensa en la que dio a conocer los datos de déficit de 2015.
No obstante, lo cierto es que la ley permite al Ejecutivo ir mucho más lejos, incluso, como ya se apuntaba, llegar a la intervención de una comunidad por incumplir los objetivos de deuda pública fijados por el Ejecutivo, por recomendación de Bruselas. Unos límites que, ya en su día, fueron criticados por las regiones, que los consideraban inviables.
Ley de 2012. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, introduce, como primer paso para acabar con los incumplimientos, un mecanismo de prevención para garantizar que no se incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio. Esta herramienta está relacionada con otro de alerta temprana, que permite que se pongan en marcha las medidas necesarias de corrección en caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento.
Después de esos primeros pasos, la Ley contempla medidas automáticas de corrección, de forma que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tienen en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. En los casos más graves, si no se presenta un plan económico-financiero o si se incumple, el Ministerio de Hacienda podría crear una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, que debería presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento y sus conclusiones se harían públicas en una semana.
Aparece, en último lugar, el célebre artículo 155 al que Montoro no quiere llegar.
Los premios. Pero no toda las regiones se han saltado a la torera los límites marcados por Moncloa, aunque sí una gran mayoría. Por ello, el Gobierno estudia cómo premiar a las tres comunidades que han conseguido cumplir el objetivo de déficit, Galicia, País Vasco y Canarias, lo que pudiera consistir en mantener a tipo de interés 0 los fondos adicionales que reciban.