En Andorra, el pasado fin de semana, un banquero respondía a preguntas sobre los dineros que la familia Pujol había depositado en algunas de las cinco entidades de ese pequeño país y explicaba que en los círculos financieros se tenía la sensación de que Andorra era «tránsito» hacia otros lugares en los que existía más opacidad para los clientes, e incluso pronunciaba el nombre de Liechtenstein.

A los dos días, llegaba la noticia de que la policía judicial rastreaba las cuentas de la familia Pujol en el Principado y que desde uno de sus bancos se había solicitado información a España sobre el origen de las cuentas de Pujol. Andorra, sin embargo, antes de informar pedía a las autoridades españolas que les enviaran pruebas que justificaran la obligatoriedad de ofrecer información sobre clientes que podían haber cometido delito de blanqueo de dinero, y advertían de que necesitaban algo más que los reportajes que publicaba la prensa.

La familia Pujol se encontraba en el ojo del huracán, sus cuentas bancarias en entredicho, sus negocios bajo la lupa investigadora y la credibilidad bajo mínimos, empezando porque el jefe de la familia, Jordi Pujol Soley, hasta ahora no ha podido presentar el testamento que probaría que su padre le dejó en herencia, a él y a sus hijos -no a su hermana- los millones de pesetas que guarda en Suiza desde hace más de 30 años.

En Madrid, tanto en la Moncloa como en la sede central del PP en la calle Génova, todavía no se habían repuesto de la conmoción provocada por las tarjetas negras utilizadas por Rodrigo Rato en Caja Madrid y Bankia, que provocó su petición de suspensión de militancia, cuando les llegó la imputación del exsecretario general y exministro Ángel Acebes por la supuesta compra de acciones de un periódico digital con dinero negro del partido.

Nada que ver una situación con la otra, se apresuraban a decir en la dirección del partido: la denuncia contra Acebes estaba basada en los papeles de Bárcenas, que la formación siempre se ha negado a considerar contabilidad oficial del PP y dicen que fueron elaborados por el extesorero ahora encarcelado como estrategia de defensa.

En el PSOE, Pedro Sánchez provocaba una auténtica convulsión al exigir la baja inmediata de los militantes que utilizaron las tarjetas opacas cuando fueron consejeros de la entidad capitalina. Personas de larga trayectoria en el partido, que forman parte de lo mejor de su historia, no comprendían que se hubiera dado de baja a militantes de acreditada honradez sin haberles escuchado previamente. Sánchez, que ha tomado algunas decisiones que no siempre han sido comprendidas por todo el mundo, y al que se le acusa de cierta precipitación, no atendió las sugerencias de prudencia. El secretario general esgrime su compromiso de ser implacable con la corrupción y no se mueve ni un milímetro en su posición.

RAJOY, EN EL PUNTO DE MIRA. Las causas judiciales que afectan a personas de la mayor relevancia política, o que han tenido gran relevancia política, han colocado en una complicada situación a la mayoría de los partidos. Jordi Pujol no es solo un expresidente de la Generalitat, sino un referente para CiU y para Cataluña entera, incluso para quienes se sienten alejados de su ideología. Y Rodrigo Rato es uno de los protagonistas de la historia del PP, incluso de la historia de Alianza Popular. Su petición de baja ha sido recibida con un profundo sentimiento de tristeza, pero también ha levantado importantes ampollas.

El sector que actualmente está al frente del partido parece empeñado en poner el acento en que las personas que atraviesan problemas con la Justicia pertenecen a los tiempos pasados y no les falta razón; pero los que pertenecen al pasado recuerdan que Acebes fue designado secretario general por Mariano Rajoy, Luis Bárcenas fue designado tesorero por Mariano Rajoy y Rodrigo Rato fue propuesto para la presidencia de Caja Madrid por Mariano Rajoy. Por tanto, no gusta que se eche la vista atrás como si allí estuviera el foco de posible corrupción.

En CiU, sin embargo, la corrupción alcanza a todas las épocas. Se cuenta por los mentideros políticos que el inicio de los negocios turbios de los hijos de Jordi Pujol Soley comenzaron cuando su mujer, siendo él presidente de la Generalitat, le echó en cara que dedicaba más tiempo a Cataluña que a su propia familia y, también, que el hecho de ser presidente impedía que sus hijos pudieran hacer negocios con el Govern y se encontraban en inferioridad de condiciones frente a otras empresas. Y se cuenta por los mismos mentideros que fue entonces cuando el hasta hace poco Molt Honorable President abrió las puertas de las contrataciones de la Generalitat a sus hijos.

Desde entonces han acumulado una fortuna que los mejor intencionados calculan en unos 1.800 millones de euros depositados en paraísos fiscales y en varios países latinoamericanos, fundamentalmente aunque algunas fuentes afirman que en poco tiempo se descubrirán las cuentas que tienen en Brasil. Los peor intencionados piensan que podría llegar esa fortuna a 3.000 millones de euros. Hay un dato significativo: esta semana, cuando el juez Pedraz y los fiscales anticorrupción decidieron registrar los domicilios de Oleguer Pujol, considerado el estratega negociador de los hermanos, por su formación en Madrid y en Eton, tuvieron que acudir a cuatro sedes el primer día y tres en una segunda ocasión.

Sorprendió que Oleguer tuviera despacho en Melilla, ciudad que hasta entonces no había aparecido entre las afectadas por los negocios de los Pujol. Sin embargo, Oleguer había abierto un despacho con el fin de dirigir la operación de conversión de un antiguo centro militar en un centro comercial.

LA FAMILIA Y UNO MÁS. Cuando parecía que ya no podían producirse más noticias perturbadoras para los partidos, a mitad de semana se publicaban datos inquietantes para el propio Mas: contratos directos de la Generalitat a miembros de la familia Rakosnik. Un hermano y una sobrina de la mujer de Mas, Helena Raskonik, podrían haber acumulado una fortuna cercana a los 300 millones de euros gracias a esos contratos para los que no se convocaban concurso público.

Lo más grave de los casos que han provocado un terremoto político en los últimos días es que todavía no se han desvelado varias incógnitas sobre las que trabaja la policía judicial y la UDEF: dónde se encuentran todas las cuentas de la familia Pujol y qué cantidades hay depositadas, qué dicen los documentos incautados a Oleguer Pujol en Madrid, por qué tenía un dispositivo en el móvil para vaciar sus ordenadores, qué había en esos ordenadores, cuáles son las razones por las que Rato recibió una transferencia de seis millones de euros de la firma Lazard y si corresponden a una venta de acciones como él asegura; si existe un testamento del padre de Jordi Pujol Soley, qué tipo de contratos firmó la Generalitat de Artur Mas con su familia política, si los consejeros de Caja Madrid y Bankia fueron engañados con las tarjetas…

Dicen los viejos del lugar que siempre han ocurrido estas cosas, pero que antes se ocultaban. Lo que ocurre ahora es que esos delitos escandalizan y echan por tierra la imagen de la clase política.