Los quebraderos de cabeza que ha supuesto para el Ayuntamiento las obras del Teatro Apolo ya han pasado a la historia. Atrás quedan cinco años de obras y una factura que ronda los 8 millones de euros, 1,6 más de lo previsto. El edificio ya está totalmente equipado, aunque este O.K. definitivo ha llegado un poco tarde, exactamente cuatro meses después de que la nueva instalación cultural recibiera a sus primeros espectadores. Se hizo lo imposible por abrirlo antes de las elecciones (su apertura, el 8 de mayo, coincidió con el inicio de la campaña electoral municipal), pero todavía estaba pendiente la instalación de diversos elementos que se dejaron para los tres meses de verano, cuando el Teatro permaneció cerrado.
Ahora, con todo el material instalado y las butacas recolocadas por las quejas de falta de espacio, se acaban de liquidar estas obras de equipamiento que han supuesto un sobrecoste de 10.000 euros, pasando de los 605.803 euros fijados en la adjudicación a los 615.127 euros liquidados. Con este dinero, además de montar los proyectores de luz, cortinaje, bambalinas, sonido... se ha podido habilitar la plataforma del escenario, que permite habilitar el foso para los músicos o alargar dicho escenario (eliminando hasta tres filas de butacas) en función de las características de cada espectáculo.
El equipamiento, por lo tanto, ya está completo, y el Ayuntamiento da así carpetazo a una inversión cultural repleta de problemas y enfrentamientos y en la que el Consistorio ha desembolsado alrededor de 2 millones de euros cuando lo previsto de inicio era que solo aportara el 10% de la obra, 643.792 euros. Pero los retrasos en los pagos por parte de la Junta de Castilla y León, la otra administración implicada junto al Ministerio de Fomento, obligaron al Ayuntamiento mirandés a adelantar una parte. La concejala de Hacienda, Laura Torres, asegura que, a día de hoy, «la Junta ya ha pagado toda su parte», 1,9 millones de euros, el 30% de la obra.
Un «despilfarro».
Pero no todo quedó aquí, porque también el Consistorio tuvo que correr con los gastos del equipamiento después de que sus intentos de buscar financiación externa, fundamentalmente a través de entidades privadas, no fructificara. Un sobrecoste que motivó las críticas de Izquierda Unida, que habló de «falta de transparencia en las cuentas» y de «despilfarro», criticando que de las arcas públicas no haya salido el 10% de la obra pactado sino el 28%, y que el equipamiento haya costado 800.000 euros cuando el anterior alcalde, Fernando Campo, aseguró que iba a salir gratis. También el PP puso trabas a su apertura y, de hecho, amenazó con llevar a Campo a los tribunales por querer abrir el teatro de forma precipitada y con interés electoral sin tener en regla el Plan de Emergencia del edificio. Una denuncia que finalmente no llegó a formalizarse en los juzgados después de que Campo afirmara que se cumplían «las normativas urbanísticas y medioambientales». Parece ser que sus explicaciones convencieron a la oposición.