Hay abogados que se ganan el sueldo. Una prueba de tal afirmación es el recurso que un letrado presentó ante la Audiencia después de que su cliente fuera condenado a seis meses de cárcel por negarse a hacer la prueba de alcoholemia y a una multa de 1.620 euros por dar positivo en el mismo control. Primero hay que explicar esta aparente contradicción. El acusado fue parado a las 12 de la noche del 1 de marzo de este año en la N-120. En un principio, «de forma intencionada -según la sentencia de primera instancia- realizó varias pruebas nulas al no insuflar la cantidad suficiente de aire en el etilómetro». Al cabo de una hora manifestó a los agentes que sí soplaría y arrojó un resultado de 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo cual constituye delito.

El recurso de su abogado abunda en la paradoja de que fuera condenado por un delito contra la seguridad del tráfico por dar positivo y también por no realizar la prueba. Solo este argumento, a juzgar por la sentencia de la Audiencia, le hubiera valido para exonerar a su cliente. Pero aludió a otro más en sus alegaciones, el de que los intentos fallidos iniciales para practicar la prueba se debieron a la existencia de problemas respiratorios del conductor, que le impedían insuflar el aire necesario en el etilómetro. Y lo probó con un informe de un centro de salud de Burgos, en el que constaba que el acusado precisaba ventolín por problemas respiratorios. Además, incorporó a la defensa recetas de adquisición de inhaladores, «prueba que debe valorarse en beneficio del imputado al no quedar contradicha con ninguna otra evidencia».

Problemas respiratorios

La sentencia del tribunal provincial concluye que no hubo falta de voluntad a la hora de llevar a cabo la prueba de alcoholemia y los intentos fallidos iniciales «fueron debidos a los problemas respiratorios indicados». No se entendería, agrega el fallo judicial, que «si no quería practicarlas finalmente las hiciera y arrojasen sendos resultados positivos», en la primera y en la de contraste.

Aunque no hubiera alegado problemas respiratorios, todo parece indicar que también hubiera sido absuelto del delito contra la seguridad. La sentencia señala que «la prueba evidencia que el acusado se avino en todo momento a soplar por el etilómetro y en consecuencia a llevar a cabo las comprobaciones precisas para que los agentes pudiesen conocer el grado de impregnación alcohólica que presentaba, como así sucedió».

Así que el hombre finalmente  tiene que hacer frente a la multa de 1.620 euros por dar positivo, pero no le imponen la pena de seis meses de prisión.