Poco importan a las grandes cadenas de televisión nacionales la audiencia que le puedan aportar los pocos habitantes de un pequeño pueblo perdido en un valle, al que no le llega bien la señal y que tienen que apañárselas como pueden para poder ver el partido del año, la última serie de moda o el estreno de una película en la pequeña pantalla. Las administraciones, por el coste que suponía colocar un Remisor en cada una de estas zonas, llegaron a ofrecer incluso subvenciones para que los vecinos de estas localidades adquirieran antenas parabólicas, pero eso tampoco funcionó.

Lo que ha ocurrido es que los municipios han llenado la provincia de Burgos de repetidores ‘pirata’ que carecen de permiso, que se han colocado sin tener el preceptivo proyecto técnico y que no abonan la tasa anual por el uso del dominio público radioeléctrico. De los alrededor de 300 que hay repartidos por toda la provincia, apenas unos 100 estarían en regla. Esos son los datos de Servitec, la empresa que ha instalado la mayoría de estos aparatos por encargo de alcaldes o de la propia Diputación y también es la cifra que en la Jefatura Provincial de Inspecciones de Telecomunicaciones dan como muy próxima a la realidad.

La palabra más usada entre quienes han participado, de una u otra manera, en ese mirar hacia otro lado es «permisibilidad». La tolerancia con esta ‘trampa’ es absoluta ya que incluso existe una comunicación fluida, según reconocen las partes, entre los propios instaladores de estas instalaciones y la Jefatura Provincial de Inspecciones de Telecomunicaciones. Estos últimos, los que se encargan de supervisar que todo está en orden. Pero argumentan es que mientras no haya denuncias, no actúan. Únicamente si se producen interferencias a terceros.

Una prueba de que esta situación está consentida se encuentra en que en Telecomunicaciones tienen una relación de los repetidores que hay por la provincia y en la que figuran también los que han podido detectar y que no tienen permiso. Es el caso, por citar dos ejemplos, de los que hay en los municipios de San Andrés o en Lodoso. Allí se sabe que el titular es el Ayuntamiento y que esos remisores no son legales.

También se da el caso de otros municipios en los que la Jefatura no tiene constancia de la existencia de los repetidores. Por ejemplo, en Santa Coloma del Rudrón o en Villorejo (ver fotografías que acompañan la información). El regidor de Sargentes de la Lora, Leoncio Ruiz, explica que comprende lo que han hecho los alcaldes pedáneos (dependen de su ayuntamiento) ya que «si no tienes otra opción y quieres ver más canales, ¿qué haces?». Son solo dos muestras de una zona de la provincia, para nada distinta al resto. Y es que, allí donde el terreno es abrusco, suele haber antenas pirata.

José Miguel Gandía, gerente de Servitec, la empresa que ha instalado la gran mayoría de los repetidores que hay por la provincia de Burgos, explica que si no se siguen los cauces que marca la ley es porque exigen un procedimiento costoso que en la práctica no sirve para nada. Así, calcula que el proyecto y las publicaciones en los boletines oficiales exigirían a los ayuntamientos pagar unos 3.600 euros. Una cantidad que asegura que es muy elevada para un pueblo pequeño y también para los aproximadamente 15.000 euros que cuesta levantar de cero una instalación de este tipo (si ya tiene el poste se rebaja a unos 9.000). Además, asegura que sería un proceso muy farragoso ya que también precisaría del permiso de los canales de televisión. «Eso no se hace», asegura.

NI ANTES NI AHORA

Fue en 1992 cuando la Diputación de Burgos inició, gracias a un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León y Retevisión, la instalación de 250 repetidores por la provincia. De los 150 primeros se encargaría el entonces ente público y los 100 restantes, cuando la Administración regional se descolgó, fueron levantados por Servitec. La inversión alcanzó los 277 millones de pesetas (casi 1,7 millones de euros). El dueño de la empresa reconoce que ninguno de estos elementos se colocó siguiendo los cauces normativos. En la Diputación aseguran que los que colocó Retevisión deben estar en orden.

Naturalidad. ¿Por qué se reconoce de una forma tan abierta que se incumple la legalidad? La respuesta que se da en Servitec es que lo que se hace es cubrir una necesidad social en un marco normativo que no está pensado para los pequeños municipios sin recursos. Y es que, según se asegura, en las poblaciones de más de 1.000 habitantes está todo en regla porque son las propias operadoras las que se encargan de asumir los costes y dejarlo todo bien atado. Y destaca que hay que «diferenciar» que se hace «sin perjudicar a terceros. Hay que irse 25 años para atrás para encontrar el último proyecto hecho», detalla.

En la actualidad, Telecomunicaciones solo tiene constancia de la existencia de 97 repetidores oficiales, 64 en los que el titular es la Junta y otros 33 del Estado. Los otros 200 serían irregulares.

Una de las soluciones que se le ocurrió a la administración para no tener que levantar un repetidor en cada municipio  (tampoco puso pocos muy potentes) fue, con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT), ofrecer una subvención para la instalación de parabólicas que permitiera ver la televisión vía satélite. Los vecinos tendrían que pagar 120 euros de los 500 que les habría costado sin ayudas públicas. Una medida que no cuajó y que provocó que en muchos pueblos colocaran su propio repetidor pirata. En Telecomunicaciones tienen constancia de que existen 1.895 hogares en todo Burgos que cuentan con este sistema. Entre ellos, 6 de la capital.

Según la Diputación, de los 250 repetidores en los que la institución provincial participó para su instalación en la década de los noventa, ahora solo tienen uso 65. La Junta se habría hecho cargo de 15 para reutilizarlos y los otros 50 habrían quedado en manos de los municipios. Es decir, de ayuntamientos que han decidido renovarlos para poder ver la televisión.

De los 185 sin uso, la Diputación se desentiende de ellos al afirmar que están a disposición de los pueblos y al asegurar que no van a asumir una competencia que afirman que ahora es de la Junta.