Neomar Urmeneta, un joven de 31 años de origen venezolano y que lleva en Burgos 14 meses, fue dado de alta el lunes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) donde ingresó el 10 de marzo con una grave enfermedad transmisible. Su situación de ‘sin papeles’ ha hecho que la factura que el HUBU le ha trasladado ascienda a 14.315 euros, 409 al día, una cantidad que a él le es imposible abonar y que le ha tenido en vilo durante todos los días de ingreso ya que, de forma periódica, recibía una llamada de la Administración del centro a su habitación recordándole la deuda que iba acumulando. «Una vez incluso me dijeron que le pidiera al médico el alta cuanto antes para no aumentar más mi deuda», explica. Neomar llegó con mucho malestar al hospital y antes de ser visto por un médico le ofrecieron firmar un compromiso de pago: «No leí aquel papel, solo quería que me atendieran».

Los médicos que se han ocupado de él -de dos servicios diferentes- se han guiado, obviamente, por criterios profesionales y no por los económicos y han decidido que su estancia en el hospital había terminado cuando su salud realmente se ha recuperado del todo. Esto es algo que el joven ha agradecido de forma especial, al igual que el apoyo de uno de los capellanes del centro, que le tranquilizó sobre su situación poniéndola en conocimiento de las trabajadoras sociales y de la Mesa Diocesana de la Inmigración, entidad de la Iglesia Católica en Burgos, cuyo responsable, José Luis Lastra, explicaba ayer a DB que el hecho de facturar estas grandes cantidades «no tiene ningún sentido, como tampoco lo tenía lo anterior, es decir, sacar a los inmigrantes de la sanidad universal».

La actual situación con respecto a la atención a los inmigrantes cuya situación administrativa no está regularizada es, cuando menos, de confusión. Los profesionales de las ONG y de los servicios sociales han constatado que todas las visitas a Urgencias están siendo precedidas por la entrega a la firma de un documento llamado ‘compromiso de gastos’. También es cierto que las facturas no se pagan, fundamentalmente porque se trata de personas sin recursos incluso para cubrir sus necesidades más básicas: «Pasar una factura a un inmigrante en estas circunstancias es un brindis al sol», dice Lastra. María José Pereda, de la Comisión Sociosanitaria, incide en el hecho de que no se puede poner por delante de la salud  el cobro de una factura.

DISTINTAS INTERPRETACIONES

Sonia Rodríguez, abogada de Burgos Acoge, asegura que cuando han hablado de este asunto con el área de Facturación del hospital les aseguran «que lo que dice la orden con respecto a Urgencias es que se les garantiza la atención pero no que esa atención sea gratuita, hacen una interpretación restrictiva; con los menores y las embarazadas no hay problema porque van al centro de salud y tienen su número, provisional para las mujeres y definitivo para los menores». En este sentido, añadió que en cada provincia se está realizando de una forma diferentes y este periódico ha podido saber que hay hospitales de Castilla y León que no pasan a la firma el compromiso de pago.

En la circular que Sacyl envió a sus trabajadores el pasado 1 de septiembre se indicaba que estas personas tendrían garantizado el acceso a la asistencia sanitaria en los supuestos de urgencia por enfermedad grave o accidente y asistencia al embarazo, parto y posparto. Solo en el caso de los menores se especificaba, además, que recibirían «asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles». En ese mismo documento se indicaba textualmente: «Es necesario incidir en la facturación de la asistencia prestada a cualquier persona no asegurada por el Sistema Nacional de Salud» pero no aclaraba a cual de los tres grupos (menores, embarazadas y casos urgentes) se refería.

Por otro lado, en la circular se hablaba de las prestaciones que la Junta tenía previsto facilitar: Asistencia a demanda en Primaria, atención ante aparición de brotes o enfermedades transmisibles «especialmente a los afectados de tuberculosis pulmonar y VIH/sida», tratamiento de enfermedad renal crónica o insuficiencia respiratoria y seguimiento del trastorno mental grave por parte de las unidades de salud mental. En estos casos no hablaba de facturación.

«Las instrucciones detalladas sobre el contenido y procedimiento de esta atención se remitirán tan pronto como sea posible (...) por lo tanto hasta entonces se continuará atendiendo a esta población del mismo modo que se viene haciendo hasta ahora», concluía la circular. Seis meses después no han sido remitidas esas nuevas instrucciones.

Lo que sí se ha producido en este tiempo ha sido la aparición de muchos casos de pacientes ‘sin papeles’ que antes de entrar a Urgencias del HUBU han tenido que firmar un compromiso de gastos. «Nosotros entendemos que la circular incluye gratuidad. De hecho, desde la Junta se ha tenido a bien decir en numerosas ocasiones que la atención de Urgencias está cubierta dando a entender que está cubierta gratuitamente», añade Sonia Rodríguez.

Burgos Acoge está recurriendo  las facturas que les llegan a sus usuarios pero su abogada cree que por parte de la Junta van a seguir adelante «porque desde Facturación dicen que ellos tienen la obligación de enviar la factura» y entiende que lo harán hasta la vía de apremio aunque esto todavía no se ha visto, entre otras cosas porque si no están de forma regular en España no se les puede cobrar por Hacienda. La atención básica, sin pruebas demasiado sofisticadas, son unos 100 euros pero a Burgos Acoge han llegado facturas de hasta 2.500.

Sobre si la existencia de una factura pendiente supone o no un dificultad añadida para la regularización, Rodríguez asegura que no pero hay otras ONG que no lo tienen tan claro y que dudan de si esto no podrá repercutir negativamente en el proceso de legalización. Lo que sí tienen todas claro es que los ‘sin papeles’ no van a un servicio sanitario hasta que no se encuentran realmente mal «porque tienen miedo y como se sienten muy enfermos firman todo lo que se les pone por delante».