El expresidente de Bankia Rodrigo Rato defendió ayer ante la Audiencia Nacional que la fusión de las siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja) que dio origen al grupo BFA-Bankia se acometió por petición del Banco de España, que dictó las instrucciones y «no dejó muchas opciones», ya que la fusión era la única manera de cumplir con los requisitos de capital. 

En su comparecencia solo respondió a las preguntas de la Fiscalía, el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria y su abogado. 

Rato se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por un delito de estafa a inversores y, en caso de ser condenado, sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. 

El expresidente de Bankia explicó que el plan de negocio de Caja Madrid elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad, sino que se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

En tono airado y con continuos reproches a la fiscal Carmen Launa,  Rato pidió que concretara para no perder «más tiempo». «No perdamos más tiempo con esto»; «No sé adónde quiere usted llegar»; «Permítame que termine»; «¿Cuántas veces se lo tengo que decir?», fueron algunas de las contestaciones que dio Rato a la fiscal.

Asimismo, aseveró que la entrada de Bancaja a la fusión fría o SIP vino determinada por una «instrucción» del Banco de España 

«Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros». 

Además, respondió a las preguntas de la Fiscalía resaltando que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le llamó por teléfono y le citó en su despacho junto al que era presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para negociar una fusión.

El exbanquero aclaró que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión legal y no empresarial, y que tanto Banco de España como el Gobierno eran «totalmente partidarios» para cumplir con las exigencias de capital requeridas.

Finalmente, insistió en que el Banco de España conocía «las tripas» de la firma ya que «tenía 15 personas allí», y aseguró que si se acordó integrar a Bancaja fue por «instrucción» expresa del organismo.

En este contexto, la Audiencia Nacional rechazó aplicar la doctrina Botín y retiró la acusación de falsedad contable al banco , BFE y Deloitte.