Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León valoraron la «rectificación» de la Junta, que abonará finalmente diez millones de euros a los 5.500 remolacheros de la Comunidad correspondientes a la campaña de 2011-2012. Un anuncio que para las opas llega tarde y es «fruto de la presión» del sector tras varias sentencias de los tribunales que dieron la razón a los agricultores.

Desde la Alianza UPA-Coag recordaron que el pago de tres euros por tonelada de remolacha anunciado por la Consejería de Agricultura no es «un regalo de reyes» y criticaron que, curiosamente, «se realice al inicio de un año electoral». «Confiamos en que se vea confirmado con hechos», deseó en un comunicado recogido por Ical. La organización desvinculó esta medida de la situación actual del sector, pues se trata del pago de una «deuda del pasado y no de una aportación para asegurar el futuro».

UPA-Coag recordó que el Gobierno regional rompió el acuerdo alcanzado en marzo del 2008 suscrito por la Consejería de Agricultura, Azucarera y Acor, y no concedió la ayuda que ella misma promovió durante las campañas PAC 2011, 2012 y 2013, lo que motivó el inicio de actuaciones a nivel judicial. En septiembre de 2012 presentó un recurso de reposición y la Junta publicó la inadmisión de los mismos. En junio de 2013 fue el turno para un recurso ante el TSJ y en junio del 2016 se recibió la sentencia favorable a la organización que obligaba a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha de 2011-2012. En septiembre de 2016 se comunicó el auto del TSJ aclarando que la Junta debía abonar las ayudas.

«Lejos de admitir la derrota en los tribunales, la actual Consejería recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo y así ha transcurrido el tiempo hasta hoy, donde por fin no le ha cabido otra más que reconocer que pagará en este 2019 las cantidades comprometidas en su día», señaló en un comunicado. Por este motivo, exigió «responsabilidades al más alto nivel a quién tomó la decisión de recurrir con el dinero de todos los contribuyentes, incluidos los propios remolacheros».

Garantía de pago.

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó a la Consejería una garantía de pago individual a los 5.500 remolacheros a los que reconoce la ayuda de tres euros por tonelada.

El coordinador de UCCL en Valladolid, Nacho Arias, aplaudió la decisión de la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, aunque se mostró en contra de las formas, pues consideró que Marcos ahora «se eche flores» cuando hace dos semanas se negaba a abonar la ayuda, una cuestión que achacó al «banderazo» electoral. «Dice que lleva meses trabajando. Eso es verdad, pero no en pagar, sino en denegar», ironizó Arias.