Cuando parecía que por fin estaba encarrilado, el concurso convocado por la Diputación Provincial para el centro de recepción de visitantes en la ciudad romana de Clunia ha tenido un sobresalto. Parece que no tendrá efectos graves, pero pudo haber sido de cierta entidad a tenor del debate surgido en los colegios de arquitectos de Burgos y de Castilla y León.
El pliego de cláusulas administrativas incluye, entre los criterios de solvencia o técnica profesional que debían acreditar los participantes, que en los últimos cinco años hubieran redactado proyectos o dirigido obras «de un centro de recepción de visitantes o un centro de interpretación de una zona arqueológica», además de «acreditar su experiencia en la intervención en obras de restauración en un Bien de Interés Cultural con la consideración de zona arqueológica».
Semejantes exigencias suelen despertar reticencias entre los profesionales porque suenan demasiado restrictivas. Tal y como admite el decano del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este (Coacyle), Álvaro Jaime Díaz, la matización que hacía el concurso «no es habitual» y «puede dar la impresión de que está ligeramente dirigido», pero inmediatamente añade que «hay que entender que Clunia es frágil en cuando a su concepción arqueológica y allí debe intervenir alguien que lo conozca y no cualquiera».
También el presidente del colegio de Arquitectos de Burgos, Carlos Miranda, reconoce que «hubo comentarios de compañeros por las exigencias técnicas del concurso, que eran altas, y analizamos el caso». En efecto, durante el mes de julio la cuestión fue objeto de debate en Burgos y Valladolid y la cuestión se resolvió con la decisión de no presentar recurso contra el concurso.
En una circular pública emitida con fecha 7 de agosto, el Coacyle decía haber «estudiado las condiciones y pliego, considerando que la consecución del mismo debe resultar con todas las garantías» que permita dejarlo «libre de toda sospecha», por lo que se comprometían pese a no presentar recurso a hacer «un seguimiento puntual y preciso» de su resultado.
Los colegios no recurrieron pero sí lo hizo el arquitecto burgalés Próspero García-Gallardo, en su nombre y en el de la Asociación Libre por la Arquitectura (ALAR), que «fue creada hace poco más de un mes», según explica el recurrente. Ese recurso fue presentado en el registro de la Subdelegación el 17 de agosto y llegó a la Diputación el 20, un día antes de la convocatoria de la «apertura de plicas sobre criterios subjetivos».
Precisamente por ese motivo, y ante la necesidad de analizar el recurso, el proceso se paralizó momentáneamente hasta que un decreto emitido el lunes concluyó que el recurso había sido presentado fuera de plazo (acababa el día 30 de julio) y por tanto se inadmitía por extemporáneo, dando traslado de la decisión al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que deberá pronunciarse al respecto.
Mientras decide, el proceso continuará y de hecho este pasado viernes se repitió la reunión de la mesa de contratación que quedó suspendida el día 21. A la convocatoria se han presentado 18 licitadores, lo que a juicio de Carlos Miranda es positivo, pues «eso abre el concurso». Sin embargo García-Gallardo cree que la Diputación debió darles 30 días de plazo y no 15 y explica que su asociación baraja emprender acciones legales.
COMITÉ DE EXPERTOS
El pliego del centro de recepción de visitantes estimaba un coste de 259.000 euros (hablamos del trabajo técnico, pues la obra de ejecución en sí se calcula en 3,5 millones) y el ganador deberá presentar un primer proyecto básico en dos meses. La mesa que deberá resolver la convocatoria está compuesta por miembros de la Diputación, a los que se sumará un denominado «comité de expertos» en la que estarán una arquitecta de la propia institución, la dirección de Clunia, un representante nombrado por el Colegio de Arquitectos y otro por la Junta de Castilla yLeón.
Una vez se repita la convocatoria aplazada de apertura de plicas de criterios subjetivos deberá comunicarse la fecha de la apertura de los objetivos, que será fruto de otra sesión de la Mesa de Contratación.