La batalla de Gamonal no ha terminado. Del proyecto que el Ejecutivo de Javier Lacalle intentó acometer quedan unidades desperdigadas que apenas significan algo fuera de una intervención unitaria y coordinada que pretendía convertir en un bulevar la travesía de la calle Vitoria. Sí, se ejecutó la rotonda en la confluencia con Juan Ramón Jiménez, un apaño en un colector y la mejora integral de Doña Constanza. Punto.
Esos trabajos (y tapar el roto) costaron un millón y han quedado ventilados con la UTE que se adjudicó las obras, Copsa y Aroasa (Arranz Acinas). Terminados los retales, quedaba resolver la cuestión de las cuestiones: cuánto reclamarían estas dos constructoras al Ayuntamiento por haber incumplido el contrato que unía a las partes y que contemplaba una inversión pública de 7.893.234 euros en superficie y de casi 5 millones en el aparcamiento subterráneo, en este caso a riesgo y ventura de las empresas.
La respuesta está en manos del Ayuntamiento desde el pasado mes de febrero y la reclamación, que ha ido directamente a los servicios jurídicos municipales, ha causado un enorme malestar en el Gobierno local. En total, Copsa y Aroasa exigen el pago de casi 1,6 millones. Esa cantidad multiplica por cuatro la que hay reservada en el presupuesto vigente (371.000 euros) para afrontar la indemnización que los técnicos del Ayuntamiento consideraron adecuada.
Pero pesan además otras circunstancias sobre este caso, que tiene todas las de acabar en manos de un juez e ir para muy largo. Porque, si bien es cierto que es la primera vez en la historia reciente del Ayuntamiento en la que se renuncia a una obra ya iniciada de un montante millonario, y por tanto el supuesto de indemnización por incumplimiento constituye una novedad, no lo es menos que el contexto que rodeó el aborto también fue, cuando menos, peculiares.
Lacalle quiso mantenerse firme y seguir adelante con las obras, pero no encontró el apoyo político necesario para garantizar la seguridad de las mismas y, en las condiciones que se daban, se incumplía claramente la práctica totalidad de la normativa en materia de riesgos. En ese punto, la UTE no tuvo más que aferrarse a la imposibilidad de ejecutar la actuación en condiciones de seguridad por motivos ajenos a su voluntad para entrar en fase de colapso.
Gastos, gastos, gastos...
Según consta en el denso documento que Copsa y Aroasa, que son o pertenecen a empresas que lideran el ranking de adjudicación de obra pública municipal en los últimos años, su exigencia se eleva a 280.000 euros correspondientes al 6% que contempla la Ley sobre las unidades de obra no ejecutadas. No es exactamente el mismo cálculo que hicieron los técnicos municipales, pero, hasta ahí, se parece.
A eso añaden 371.000 euros más que, según ellos, es la cantidad equivalente al beneficio que iban a obtener por la venta de las plazas de garaje resultantes en el párking. Esta partida ha sorprendido en el uno de Plaza Mayor porque el párking no se financiaba con fondos municipales, sino que era una actuación privada de ambas empresas. Además, el cálculo está hecho contemplando la venta de todas las plazas disponibles. En cuanto a lo que no se hizo, eso es todo.
Pero a la indemnización por la no ejecución del proyecto han sumado una reclamación de daños y perjuicios que contempla cuatro partidas subdivididas en gastos directos, gastos indirectos, gastos generales y otros gastos por valor de casi un millón de euros, elevando el total a la cantidad de 1.575.000.
En declaraciones a este periódico, Copsa señaló en el mes de noviembre que la reclamación «se hará según Ley: el 6% del presupuesto de ejecución material». Es evidente que, se ajuste o no a derecho, cuestión que ventilarán los servicios jurídicos, su exigencia se ha elevado muy por encima del 6% del coste de las obras de urbanización al añadir conceptos que en el Ayuntamiento tienen claro, tanto en las filas políticas como en las técnicas, no se corresponden con una reclamación de lo que consideran razonable. En la UTE, visto lo visto, tienen otro parecer y lo van a defender.