La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en marzo de 2013 consideró que la ley española en materia de desahucios vulneraba los derechos de los consumidores al permitir los desalojos sin que el afectado tuviera apenas margen de maniobra, y que al mismo tiempo daba capacidad a los jueces para que paralizaran los procedimientos en los que consideraban que había claúsulas abusivas, tuvo como consecuencia directa que el año pasado concluyera con una cierta ralentización de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, que podrían volver a repuntar en los próximos meses. 

En concreto, en el partido judicial de Burgos -en la provincia hay otros seis- hubo un total de 297 desahucios, una cifra que dista mucho de los 160 ejecutados en todo 2008, antes de que los impagos se dispararan, pero que tampoco es la de 2012, cuando hubo 350 desalojos, casi uno al día, siempre según datos oficiales facilitados por el Servicio Común General de la Oficina Judicial.

Pero transcurrido un año desde el varapalo de la UE a la legislación española y de las primeras paralizaciones masivas de procedimientos, es de esperar que las cifras vuelvan a incrementarse en los próximos meses. Así lo explica la voluntaria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos que hace las veces de portavoz, Julia Braceras. «Después de la sentencia de la Unión Europea hubo paralización de procesos y, realmente, a subasta se llegó en pocos casos, pero ahora volverán a reactivarse», explica por teléfono Braceras. Y como ejemplo pone el caso de Teo, que fue uno de los más sonados de la capital porque, después de una acampada de más de quince días frente a la sucursal de Caja Laboral de la calle Vitoria que coincidió en el tiempo con la divulgación de la sentencia del tribunal europeo, los juzgados de Burgos suspendieron la subasta. Pero ambas partes se sentaron a negociar de nuevo el pasado febrero y como no consiguieron llegar a un acuerdo, el asunto ha vuelto a ponerse en marcha. Y como este caso, señala Braceras, en la capital hay otros tantos. «Podríamos decir que los desahucios, más que disminuir, se han ralentizado a lo largo de 2013», apunta, para destacar que «menos no hay».

Y a esto hay que añadir que el Gobierno aprobó en mayo de 2013 la Ley de Medidas Para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, un texto que pretende protegar más al inquilino de la vivienda articulando una serie de medidas que impidan el desalojo cuando se den unas circunstancias sociales, económicas y familiares. Un texto que también introdujo otros precios de adjudicación de las viviendas y que, según afirma Braceras, están provocando que entidades que hacían tasaciones muy altas sean más reticentes a pedir la ejecución de la hipoteca porque puede llegar a darse el caso de que haya sobrantes. «Hay algunas que están acumulando hasta 15 meses de impagos», apunta.

 

moratorias. Pero aun admitiendo que se hayan paralizado y ralentizado los procesos, los datos oficiales indican que siguen siendo muchas las familias que tienen que recoger sus cosas y abandonar los pisos que consideraron su hogar, al ser incapaces de hacer frente a unos pagos que ahora les superan. En concreto, se produjeron 227 lanzamientos y 70 entregas de posesión, generalmente derivadas de una ejecución hipotecaria. Es decir, suponiendo que una entidad bancaria haya pedido que se ejecute una hipoteca ante impagos acumulados y que se apruebe, en el momento del desalojo suele procederse al cambio de cerradura de la vivienda porque cambia de propietario y, obviamente, se produce una entrega de posesión.

 Hay ocasiones en las que, sin embargo, este tipo de actos acaban suspendiéndose o posponiéndose porque el inquilino y el propietario o entidad bancaria llegan a un acuerdo in extremis y negocian un aplazamiento del desahucio. Este ejemplo sería extremo, porque antes de llegar a ese punto, el afectado y la propiedad o la entidad bancaria han tenido mucho tiempo para hablar. Los procesos de desahucio suelen ser muy largos, pueden durar alrededor de un año y con las novedades introducidas a lo largo de 2013 incluso más, por lo que tiempos de negociación son muy largos. Y este es otro de los aspectos que explican en parte que haya habido una reducción de procesos, que la banca -aun con excepciones- ahora es más propensa a llegar a acuerdos que en 2011 o 2012, años en los que las cifras de desahucios en toda España fueron abrumadoras. «No podemos decir que en los bancos sean muy buenos, pero es cierto que, en general, aceptan más daciones y que hay más alquileres sociales que antes», señala Braceras. 

Hace poco menos de dos meses que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos celebró su segundo aniversario y el balance de actividad en este tiempo ha sido de cien acuerdos con bancos y cajas, 45 daciones en pago, 30 carencias para que en los próximos cinco años solo se abonen intereses y seis subastas paralizadas. Es decir, que la flexibilidad del sector bancario (sobre todo de entidades grandes como Caixabank o Santander) han favorecido una cierta ralentización.