Resulta imposible saber cuál será la factura final del desvío del tren en Burgos, cinco años después de la finalización oficial de las obras. Varias de las empresas que ejecutaron diferentes segmentos de la variante no cobraron parte del trabajo y han tenido que recurrir a los tribunales para reclamar su dinero y además, los correspondientes intereses de demora. En uno de los últimos pleitos ya sentenciados, estos superan los 3 millones de euros.
Millones que, de momento, tendrá que pagar el Ministerio de Fomento pero que podrían acabar en el debe de la ciudad de Burgos si aquel decide ejecutar la cláusula séptima del convenio firmado en 1998 y reclamar a las arcas municipales el dinero. Porque la culpa de que estas facturas no estén a día de hoy abonadas es en última instancia del Ayuntamiento, que incumplió su compromiso de cofinanciar las obras. Solo que los tribunales consideran que el Estado debe pagar a las empresas, como responsable de la contratación, y después entenderse con su socio. Y mientras técnicos y políticos discuten un acuerdo que puede significar una losa para la economía de la capital burgalesa, el tiempo pasa, los intereses corren y las sentencias adquieren firmeza.
La última, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, reconoce a EYM Instalaciones, que ejecutó la obra de electrificación, una liquidación final por importe de 4,53 millones, más los correspondientes intereses. La obra fue adjudicada en marzo de 2006, en 2008 se introdujo un modificado de medio millón de euros (el 5% del contrato) y en agosto de 2011 se fechó el acta de recepción.
Los magistrados recuerdan que la cuestión del convenio entre administraciones ya la han resuelto en sentencias anteriores, en las que reconocieron a otras empresas el derecho a cobrar intereses de demora del Ministerio, al que además condenan en costas.En concreto, 211.164,83 euros para Obrascón Huarte Lain (que ejecutó el Tramo II) por el retraso en el pago de la certificación última, mientras que a Ferrovial (TramoI) le concedieron413.000 euros por el retraso en el pago del final de la obra y 729.147,95 por el de la actualización de precios.
Para ahorrarse los honorarios de los letrados de la parte contraria y evitar que los intereses aumenten aún más, Fomento sí ha llegado a un acuerdo con otra de las empresas que acudieron a la justicia. Guinovart Obras y Servicios Hispania ejecutó la superestructura y los enlaces del desvío, finalizados en agosto de 2009. En julio de 2012, le adeudaban 10,55 millones de euros en concepto de liquidación final de la obra, dinero que reclamó con los intereses de demora. Un año después, la Abogacía del Estado pidió un acuerdo, reconociendo unos intereses de demora de 2,9 millones de euros, lo que la compañía aceptó no sin antes remarcar que la cantidad seguiría aumentando «hasta la fecha en que se produzca el íntegro pago de la cantidad reconocida» por la administración. La sentencia salió en octubre de 2013, por lo que el total a pagar se acerca a los 15 millones, de los que más de 3 son intereses.
Queda por resolverse al menos otro pleito de gran cuantía, el de la estación Rosa de Lima, ejecutada por el GrupoOrtiz.