La residencia pasó un control 23 días antes de la muerte de los ancianos

G.A.T. / Miranda
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La consejera de Familia asegura que hay casi el doble de la plantilla que marca la normativa y descarta que hubiera falta de personal los días en los que hubo la intoxicación alimentaria

Milagros Marcos acudió a la Cortes con un detallado informe de lo ocurrido en julio en el centro. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

 
«Nada hacía prever un problema en la residencia ya que el funcionamiento del centro y la labor de los profesionales, y en concreto del personal de cocina, es el adecuado». Es una de las justificaciones que dio ayer en las Cortes de Castilla y León la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en la comparecencia para explicar lo ocurrido en julio en la residencia de mayores de Miranda, en la que tras una intoxicación a alimentaria que afectó a casi una treintena de personas fallecieron dos hombres de 83 y 86 años.
Pero tampoco logró aclarar de forma concisa el origen exacto de la contaminación alimentaria y las responsabilidades que pueden derivarse de lo ocurrido, recordando en cualquier caso que todo está ahora en manos de la Justicia ya que un Juzgado mirandés ha abierto diligencias (también hay acciones de la Fiscalía y una denuncia del PCAS).
Marcos insistió en que no hay un mal funcionamiento del centro ni una falta de personal que merme la calidad en la atención. Así, por un lado explicó que el complejo, en el que regularmente se atiende a casi 200 personas entre residentes y estancias diurnas, está sujeto a controles de calidad y cumplimiento de normativa. En particular, en lo que se refiere al servicio de cocina, recordó que de  forma «habitual, periódica y permanente» los servicios de Salud Pública de Miranda realizan controles, pero además, que hay otro sistema externo de vigilancia que cada 3 meses inspecciona el centro.
Un procedimiento por el cual justo «23 días antes» del inicio de la intoxicación se hizo una de las auditorías. De ella la consejera extrajo algunos datos para defender el buen funcioamiento. «Tanto las superficies analizadas como la muestra ambiental de la cámara (de pescado) presenta un estado higiénico correcto, indicando un correcto cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, tanto en el método de aplicación como en su frecuencia», expuso.
 
formado. También se refirió a la  calidad del agua y , en particular, a los alimentos que deben ser conservados a temperaturas determinadas. «El estado higiénicosanitario de los platos preparados calientes y fríos analizados presenta un estado correcto, indicando unas buenas prácticas de manipulación en su elaboración», dijo Marcos, leyendo el informe de la empresa que hace el control, y asegurando además que el mismo indica que el personal de cocina de este centro «ha sido formado sobre el Sistema de Peligros y Puntos Críticos de Control».
Marcos explicó que el foco de la intoxicación fue un puré, del que comieron 51 personas, de las que 28 presentaron síntomas de intoxicación. Hecho con patata, zanahoria, calabaza y espinacas, «se añadió ragú de ternera que había sido guisado expresamente para ser triturado y se había conservado refrigerado», aseguró. Pero las muestras demostraron que en este alimento estuvo el origen, ya que de las pruebas hechas a las muestras de todos los alimentos (de los que se guarda congelada un testigo), solo la que pasó por la túrmix estaba contaminada con clostridium perfrigens.
En la comparecencia de Marcos no pudo extraerse una causa exacta del brote. Y además, según explicó la consejera, la jefa de cocina del centro declaró «que en todo momento se respetaron las normas de manipulación de alimentos, se aplicaron los protocolos establecidos y las normas higiénicosanitarias». La responsable máxima de la Consejería asumió no obstante que el «riesgo nulo» no existe, pero que en el centro se aplicaron todas la medidas que marca la normativa.
También echó por tierra problemas de falta de personal, una de las denuncias más contundentes de los trabajadores. Dijo Marcos que el centro cuenta con una plantilla «sobredimensionada», apuntando que dispone de 144 trabajadores, cuando la normativa contempla que el centro mirandés podría funcionar con un mínimo de 76.
Este fue uno de los aspectos más criticados por el PSOE, que fue quien pidió la comparecencia de Marcos. El procurador Julián Simón de la Torre recodó que «sobre el papel puede que haya muchos más trabajadores de los necesarios en la plantilla, pero la realidad es muy distinta y el día a día del centro es otro muy distante», expuso.
Asegura que «hay bajas que llevan mucho tiempo sin cubrirse», y también personal que debe hacer su trabajo y el de otros compañeros al tampoco cubrirse todas la vacaciones. «Los trabajadores cumplen, eso no lo discutimos, pero un trabajador que está sobreexplotado y tiene que hacer la albor de dos no rinde como debería rendir estuvieran los dos trabajadores», dijo. De ahí que animara a detallar el personal exacto que trabajó cada día en el centro, así como las bajas y las vacaciones no cubiertas.