El Ministerio de Justicia está ultimando un estudio del mapa judicial español que conllevará la creación de más órganos especializados en violencia sobre la mujer (JVM), convirtiendo juzgados de instrucción con competencias compartidas que ya existen, según anunció ayer la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.
«Hay juzgados exclusivos que están funcionando muy bien y otros con competencias compartidas. Se trata de hacer con éstos últimos una comarcalización, una aglomeración de diferentes partidos judiciales para que se especialicen en violencia sobre la mujer, porque entendemos importantísimo que las víctimas de maltrato estén siempre asistidas por órganos expertos», señaló.
Así, tal y como explicó Carmona, este es el compromiso del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón, que presentará en próximas fechas «un estudio de todo el mapa judicial español para ver cómo podría quedar» después de dicha «comarcalización» de los órganos judiciales, que se diseñará teniendo en cuenta la carga de trabajo tanto de los compatibles como de los especializados.
«No significa crear nuevos juzgados, sino convertir uno que ya esté funcionando como tal en especializado», concretó, e incidió en que de este modo se acercará a la víctima la respuesta que necesita, porque los JVM disponen no sóoo de un juez con «sensibilidad y formación», sino de todo un equipo experto en esta materia, incluida una Unidad de Valoración Forense Integral (UFVI).
EQUIPO FORENSE. Para la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, «haría falta una UFVI por tribunal», porque es una «figura absolutamente imprescindible» que proporciona una evaluación completa de la situación de los afectados, reforzando el valor probatorio de su declaración. «El problema es que ahora en los juzgados con competencias compartidas -llevan violencia de género y otros asuntos- no existen estas unidades», apuntó.
De este modo, según Carmona, «desde el momento en que la mujer decide poner una denuncia, esta estará acompañada por profesionales, algo fundamental para el procedimiento». Así, las UFVI cobran un papel tan relevante que, «si existiera una por juzgado, no habría tantas renuncias ni desistimientos» de víctimas que, una vez iniciado el proceso, se niegan a continuar. De hecho, en 2013, este tipo de situaciones supuso el 12,25 por ciento del total de las denuncias presentadas, una tasa que aumentó un 8,1 por ciento en los últimos cinco años.
El nuevo mapa judicial se dibujará, tal y como mantuvo, «teniendo en cuenta la carga de trabajo» de los distintos juzgados, porque, opinó, «no puede ser que tribunales de violencia sobre la mujer que tengan una carga muy pequeña de trabajo y otros no especializados que estén desbordados». «Hacer esa racionalización en el tema de la violencia de género es importantísimo», añadió.
No obstante, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género reconoció que la asignatura pendiente es la especialización de los Juzgados de lo Penal, que llevan los asuntos castigados con penas de hasta cinco años de cárcel y son los que dictan la mayoría de las sentencias en violencia de género.