Son casi cien motivos para estar alerta y están repartidos por toda la geografía provincial. Vertederos, líneas eléctricas y áreas recreativas suponen un potencial riesgo de incendios y 94 de ellos figuran en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado del año 2014, que se basa en datos recogidos durante el ejercicio anterior y su posterior actualización.

La estadística procede del trabajo realizado por la Sala Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y pese a lo abultado de la cifra refleja una mejoría respecto a la situación del ejercicio anterior, cuando esos mismos peligros reflejaban un resultado de 102 puntos potencialmente peligrosos. El estudio de la Fiscalía clasifica los riesgos según la situación apreciada en 2013, la resultante en 2014 y la división entre niveles medio y alto. Si solo tenemos en cuenta este último el listado se limita a 28 y por suerte solo uno de los casos (el de una línea eléctrica) provocó efectivamente un fuego con origen en el punto crítico.

Los vertederos incontrolados son el mayor riesgo. Salen de la lista 12 pero entran 7 y hay 6 de ellos que todavía se consideran de nivel alto. A la espera de que la Fiscalía haga pública su memoria de 2015, el Servicio Territorial de Medio Ambiente ya ha recibido la relación actualizada e incluso empeoran hasta llegar a 11.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Javier María García, explica que cuando reciben una notificación sobre un vertedero los agentes van a comprobar su situación y realizan una ficha específica de cada uno de ellos. «Muchas veces esos vertederos son en realidad escombreras que no nos preocupan tanto por su peligrosidad respecto a los incendios sino por su contaminación».

Los pequeños municipios no disponen de la infraestructura suficiente para realizar un buen tratamiento y vertido de residuos, por lo que en ocasiones los ciudadanos no tienen una alternativa real para deshacerse, por ejemplo, de esos escombros. En esos casos se envía un requerimiento al municipio de turno «porque preferimos trabajarlo desde la colaboración en lugar de sancionar directamente», apunta García. La Junta ofrece un periodo de 1 a 3 meses para habilitar un lugar apropiado, una especie de puntos limpios, que estén cercados y con un acceso controlado. Si el Consistorio no responde se le da una segunda oportunidad mediante otro requerimiento, y en caso de que así tampoco contesten llega la multa. Entre 2005 y 2009 el número de expedientes sancionadores vinculados a vertederos en toda la provincia de Burgos ascendió a 141, de los cuales 45 pertenecían a entidades locales. En el quinquenio 2010-2014 la estadística ascendió hasta los 196 y 141 respectivamente.

Tras los vertederos, las áreas recreativas son las que generan un mayor número de puntos con peligro de incendio. En 2013 eran 39 y pasaron a 31 al año siguiente. De ellas solo 22 presentaban un riesgo alto, y en la actualización del presente ejercicio Medio Ambiente baraja 24 emplazamientos. Se trata de las clásicas zonas con bancos, mesas y asadores. «También las revisamos y realizamos fichas de cada una», explica García, «pero en teoría no pueden funcionar si no cumplen la normativa».

Se refiere a la establecida por la Junta de Castilla yLeón que prohíbe las instalaciones de barbacoa durante toda la temporada alta de incendios (desde junio hasta septiembre), excepto si son propiedad de entidades locales, en recintos con determinadas características, sistemas antichispa y suficiente distancia al hipotético combustible. Por eso tuvieron que adaptarse y reagruparse en una sola las áreas de Fuentes Blancas donde antes se hacía barbacoa libremente, un caso que el jefe de Medio Ambiente cita para ejemplificar que «se puede racionalizar» la cultura de la chuletada en el campo para evitar que el fuego se descontrole.

Por suerte, parece que la conciencia ciudadana en torno al peligro de las barbacoas incontroladas está dando sus frutos y en su caso el número de sanciones ha pasado de 45 en el periodo 2005-2009 a solo 32 entre los años 2010 y 2014.

Aves achicharradas. Finalmente, en el análisis de la Fiscalía General del Estado encontramos 24 de líneas aéreas con riesgo potencial de incendios, de las cuales ninguna tiene nivel alto aunque precisamente este jueves un tendido pudo ser la causa del fuego que quemó 7 hectáreas entre Pancorbo, Villanueva de Teba y Bozoó. Javier María García relata que en su caso «las vigilamos también para la protección de la avifauna, que pueden chocar, electrocutarse con el tendido y caer al suelo ardiendo, que es lo que acaba provocando el fuego».

En aquellos puntos donde se detecta una alta siniestralidad la administración se pone en contacto con la empresa titular (Iberdrola) para que sustituya los tipos de aislamiento. En 2013 dieron parte de 2 líneas, en 2014 de 3 y en 2015 ya llevan 6. Habitualmente están en zonas de montaña y dan servicio a pequeñas localidades donde la red no se ha renovado desde hace varias décadas.