El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva todas las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad ambiental, entre las que se cuenta la modificación del impuesto sobre el combustible nuclear creado el pasado mes de diciembre. A este texto legal que da respuesta a una de las mayores dudas de Nuclenor, si el impuesto era o no retroactivo y, por tanto, si iba a gravar o no el combustible ya existente en el reactor, solo le queda su publicación en el Boletín Oficial del Estado para ser una realidad. Pero mientras tanto, en Santa María de Garoña esperan dos cuestiones más, que el Gobierno apruebe de forma definitiva el Real Decreto que le permitirá contar con un año de plazo, hasta julio de 2014, para solicitar la renovación de su licencia, y que se concreten las medidas que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció en un reciente acto de Enresa, donde dijo que se trabaja para que las centrales nucleares extiendan su vida hasta los 60 años.

Y es que si algo parece claro que precisa Nuclenor para dar el paso de solicitar la renovación de su licencia es que pueda operar el reactor más allá del año 2019, la fecha que se marcó en la renovación de licencia solicitada en 2009 y que finalmente se quedó en solo cuatro años, con la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Las inversiones que el Consejo de Seguridad Nuclear obligaría a realizar a Nuclenor para operar Garoña de nuevo, las nuevas medidas obligadas tras el accidente de Fukushima y la fiscalidad que seguirá pesando en los números, aunque no tanto como se pensó en un principio, hacen necesaria que la operación esté garantizada más allá de 2019 para hacer la planta viable económicamente, según distintas fuentes.

En el Congreso de los Diputados ayer se repitió por parte del PSOE la misma argumentación que cuando el pasado 19 de septiembre, la Comisión de Hacienda del Congreso dio el primer sí a los cambios en el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado. El diputado Pedro Pérez reiteró que «lo más sustantivo de las medidas son los regalos fiscales». «Por gentileza del Gobierno, las navidades se han adelantado al mes de octubre para ciertas empresas y la primera de ellas es Nuclenor, propietaria de Santa María de Garoña».

El diputado reiteró que el Gobierno ha regalado 150 millones de euros a Nuclenor al marcar como el inicio del periodo impositivo el día 1 de enero de 2013, fecha en la que Garoña tenía el reactor vacío, una medida que tomó Nuclenor temiendo que tuviera que tributar en julio, ante un posible fin de actividad por todo el combustible que reunía en ese momento el reactor.

Lo que no dijo el diputado fue que el resto de centrales nucleares de España tampoco tributarán por el combustible gastado con anterioridad al 1 de enero, dado que un coeficiente corrector hará posible que solo paguen por el uranio y el plutonio gastado y extraído definitivamente de los reactores a partir del 1 de enero de 2013 en cada ciclo operativo.