La reacción de la Iglesia al fallo del Tribunal Constitucional respaldando la ley de matrimonio homosexual no se ha hecho esperar. Así, la Conferencia Episcopal Española advirtió ayer de que la legislación nacional sobre el matrimonio, independientemente de que sea o no conforme a la Carta Magna, es «gravemente injusta» y considera que es «urgente» una modificación de la ley para proteger la institución y la familia.

Los obispos emitieron un comunicado recordando la doctrina de la Iglesia Católica, sin renunciar a hacer más precisiones cuando se conozcan los términos exactos de la sentencia.

 «Pensamos, en particular, en el derecho de quienes contraen matrimonio a ser reconocidos expresamente como esposo y esposa; en el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como hombres y mujeres del futuro y a disfrutar de un padre y de una madre, en virtud de cuyo amor fiel y fecundo son llamados a la vida y acogidos en una familia estable. Ninguno de estos principios son actualmente reconocidos ni protegidos por la ley», añadieron.

En cualquier caso, apuntaron que no es de su «competencia» hacer juicios sobre la pertinencia jurídica de las sentencias de los tribunales, pero consideran que es su «obligación ayudar al discernimiento acerca de la moralidad de las leyes y normas».

Los obispos señalan que, con la legislación actualmente vigente, los españoles «han perdido el derecho de ser reconocidos expresamente por el Estado como marido  o mujer» pues han de inscribirse en el Registro Civil «como cónyuge A o cónyuge B.

«La legislación actualmente vigente ha redefinido la figura del matrimonio, de tal modo que éste ha dejado de ser el enlace de dos personas heterosexuales y se ha transformado legalmente en la unión de dos ciudadanos cualesquiera, para los que ahora se reserva en exclusiva el nombre de cónyuges o de consortes. De esta manera se establece una insólita definición legal del matrimonio con exclusión de toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer», apuntaron.

Además, afirman «con dolor» que la legalidad imperante «no reconoce ni protege al matrimonio en su especificidad» y, por ello, «convencidos de las consecuencias negativa», alzan su voz en favor de la «verdadera unión».

 «Que María Santísima cuide de las familias e interceda por los gobernantes, sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia la vida social», concluyeron.