Los cuatro partidos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto suprimir en la provincia de Burgos tienen mucho trabajo por hacer.Según la Memoria presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León la semana pasada, terminaron 2011 con más de 2.500 causas pendientes, algo superior a las 500 por juzgado (dos en Villarcayo y uno en Briviesca, Salas de los Infantes y Lerma). Esta media es prácticamente idéntica a la provincial, con 18.000 casos abiertos en 34 tribunales (532 cada uno).

Los órganos en entredicho registraron medio millar de asuntos menos que en 2010 (un -6%), pero también bajaron las cifras absolutas de casos resueltos (717 menos, un 8%), por lo que  la lista de espera solo se pudo reducir en 246 expedientes (un 9%).

En ninguno de estos escenarios se puede atribuir la disminución del ritmo de resoluciones al nuevo modelo de Oficina Judicial, por cuanto solo ha sido implantado en los juzgados unipersonales con sede en el edificio de Reyes Católicos de Burgos. De hecho, la media de asuntos cerrados durante el año asciende a 1.620 por juzgado y es ligeramente superior a la del cómputo provincial (1.596).

Incluso existen tribunales que han visto incrementado su trabajo pendiente a final de año.Si bien el de Briviesca ha conseguido mejorar su situación hasta cerrar 2011 con 505 asuntos penales abiertos, frente a los 780 con los que empezó el año, aún está en unas cifras de trabajo acumulado similares a las que soportan sus dos colegas de Aranda de Duero. Por contra, tanto el juzgado de Salas de los Infantes como los dos de Villarcayo  han visto crecer las causas relacionadas con delitos y faltas.Además, el primero de ellos asumió en octubre del año pasado la compleja instrucción del accidente en el que fallecieron cuatro trabajadores de la presa de Castrovido.

También en la Sierra de la Demanda y en el número 1 de Merindades se ha visto incrementado el trabajo con el que han tenido que comenzar 2012 en la jurisdicción contenciosa (civil).

Dado su reducido tamaño, en estos partidos se hace imposible la especialización y un mismo juez se encarga de materias penales, civiles -tanto contenciosas como en materia de derecho de familia- y de violencia contra la mujer. Por contra, en Burgos capital existe un tribunal para los casos de agresiones machistas y otro para los divorcios, custodias y otros asuntos relacionados con las relaciones familiares.Asimismo, las jurisdicciones civil y contenciosa están separadas. Solo el juzgado mercantil (concursos de acreedores)  y los tres sociales (asuntos laborales) abarcan todo el territorio provincial.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS. La propuesta delCGPJ para esta provincia -dejar solo los partidos judiciales de la capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro- va más allá incluso de la formulada por el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Carreras.En el informe incluido en la Memoria delTSJ, el magistrado propone «la reordenación de los partidos judiciales de Briviesca, Salas de los Infantes y Lerma, bien para su agrupación, bien para incorporación a los partidos de Burgos, Aranda o Miranda en función de su proximidad», además de reconsiderar que sean servidos por magistrados.No menciona en ningún momento a Villarcayo.Por su parte, el presidente del TribunalSuperior, José Luis Concepción, no quiso pronunciarse en detalle, si bien reconoció que «hay demarcaciones en la provincia que no tienen razón de ser». El TSJ tiene ahora 3 meses para aportar las observaciones que estime oportunas alCGPJ, aunque la reforma se materializará en el Parlamento.

No piensan igual que Carreras y Concepción la mayoría de los representantes políticos de las comarcas afectadas, ni los abogados y procuradores que en ellas ejercen.Desde que se conoció el planteamiento del Consejo, se han multiplicado las reuniones e intervenciones para intentar salvar a sus respectivos juzgados.

El último anuncio ha sido realizado por elGrupoPopular en las Cortes de Castilla y León. La procuradora burgalesa Cristina Ayala defenderá en el próximo Pleno regional «la necesidad de que antes de realizar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, sea imprescindible tener en cuenta el criterio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, teniendo en cuenta las especificidades de la población y la realidad socio-económica de nuestro territorio», según un comunicado de prensa remitido por elPartido Popular.

Políticos y profesionales diseñan en Merindades la lucha por el segundo partido judicial más extenso

A.C. / Villarcayo

Una representación de los catorce abogados colegiados en la comarca de Las Merindades y sus cuatro procuradores mantuvieron ayer una reunión con la alcaldesa de Villarcayo (PP), Mercedes Alzola, y los portavoces de los dos grupos de la oposición, IM y PSOE, para «ir de la mano en cada una de las actuaciones que realicemos con el fin de evitar la supresión de los juzgados». Así lo explicó Alzola, quien avanzó que en el encuentro se diseñó «la hoja de ruta» prevista y que incluye cuatro pasos.

El primero de ellos será la redacción de una moción consensuada con los profesionales de la justicia que aprobará el Pleno de Villarcayo el próximo viernes y que Mercedes Alzola presentará la próxima semana al resto de alcaldes de Las Merindades para su inclusión en los plenos de sus respectivos municipios. Asimismo, está previsto solicitar una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Castilla y León, José Luis Concepción, pedir una entrevista con algún representante del Ministerio de Justicia y también a un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comitiva de la comarca llevará en su carpeta los argumentos por los que defiende la permanencia de los dos juzgados actualmente con sede en Villarcayo. Las distancias de más de 120 kilómetros entre muchos pueblos de Las Merindades y Miranda de Ebro; las malas comunicaciones con esta ciudad; la amplitud de la comarca, «el segundo partido judicial más extenso de España» son algunos de ellos.

Asimismo, remarcan la existencia de un elevado número de viviendas en la zona, que supera las 26.650, cifra muy por encima de las existentes en la comarca y ciudad de Miranda de Ebro, que alcanzan las 24.443 y la gran cantidad de pleitos que implican estas edificaciones; además de la existencia de una población estable, pero también flotante, que en los meses de verano llega a alcanzar picos de 130.000 personas.