El Gobierno suaviza la reforma local y respeta la autonomía municipal

AGENCIAS
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recalca que se suprimió del borrador el coste máximo que debían tener los servicios para que una localidad pudiera seguir prestándolos

PLENO DEL CONGRESO - Foto: Kiko Huesca

El Pleno del Congreso rechazó ayer las nueve enmiendas a la totalidad presentadas a la reforma local con los votos de PP, PNV -a última hora gracias a cierta concesiones sobre las diputaciones forales- y UPN, proyecto que seguirá así el trámite parlamentario con la presentación de modificaciones parciales. Foro se abstuvo y el resto de grupos apoyó, sin éxito, la devolución del proyecto al Gobierno. Yeso que, como comentó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, retiró las críticas formuladas hace meses y recalcó que el borrador «poco tiene que ver» con lo que ayer le presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que, «en principio, parece que respeta la autonomía de los municipios».

Horas antes, el dirigente popular subrayaba que esta propuesta se produce tras una larga «gestación» y retiradas de su articulado varias cuestiones que suscitaron gran polémica, como el coste estándar, esto es, el máximo que debían tener los servicios para que un municipio pudiera seguir prestándolos, con la obligación de traspasarlos, si no a las diputaciones o comunidades.

Así, el andaluz explicó que se desechó esta parte de la ley tras el informe del Consejo de Estado, crítico con la redacción dada, y para evitar interpretaciones de «menoscabo alguno de la autonomía municipal». «Y eso que fue muy bien recibida por quienes nos supervisan, incluida la UE», añadió.

COMPETENCIAS IMPROPIAS. El ministro subrayó también que la norma en general permite que el ciudadano reciba «el mejor servicio en las mejores condiciones de eficiencia y de coste», y que los ayuntamientos tengan claro el alcance de sus competencias, evitando «la permisividad de las conocidas como impropias».

Además, recordó que se calculará el coste efectivo de los servicios según una metodología que dará Hacienda y antes del 1 de noviembre de cada año, las administraciones locales harán las cuentas y deberán publicarlas: «Se tendrán en cuenta los costes reales conforme a los datos de ejecución de gastos. Es un modelo abierto y orientado a una administración por resultados».

Otra novedad es el papel de las diputaciones como supervisoras. «Podrán asumir determinados servicios mínimos de los municipios, mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas», repasó. Debe haber un pacto previo.

Mientras, el jefe de la FEMP, Íñigo de la Serna, subrayó que la actual reforma local que se debate en el Congreso «poco tiene que ver» con el primer borrador que presentó el Gobierno, al tiempo que defendió que ahora sí respete la autonomía municipal, aunque queden aspectos por mejorar. «Ya no se vulnera, en principio, la autonomía local en ninguno de sus artículos», recalcó.

Desde el PNV, su portavoz en la Cámara Baja, Aitor Esteban, anunció la retirada «en el último minuto» de la enmienda de totalidad que su grupo parlamentario había presentado. Yes que lograron del Gabinete Rajoy que se respetara la autonomía de las diputaciones forales, reconociéndose su  tutela financiera. «Son éstas las que adecuarán los principios que marca la ley a las circunstancias concretas del País Vasco», explicó.

Quienes no fueron convencidos fueron los socialistas, cuyo diputado Gaspar Zarrías, que calificó a Montoro del «señor mentira»,  exigió la retirada de la propuesta por ser «inconstitucional, tremendamente torpe y, en muchos casos, inaplicable».

José Matarí, del PP, tachó de «infundadas» las críticas de la oposición, «entre otras cosas, porque esta norma servirá para garantizar en el futuro la sostenibilidad presupuestaria en la que están entrando las entidades locales». Tras acusar al PSOE de no «haberse leído el actual proyecto y utilizar «los mismos argumentarios» de meses atrás, negó que se abra la puerta a la privatización de servicios, algo que sí se da en Vigo (PSOE) o Rivas Vaciamadrid (IU). «No hay novedades». Y también consideró mentira que vayan a dejarse de prestar los servicios sociales, explicando qué es lo que, a su juicio, pone en riesgo estas prestaciones: «La Junta de Andalucía adeuda 400 millones de euros a los ayuntamientos, solo en ayuda a domicilio».