Errores y omisiones en el proyecto. Eso es lo que ha reconocido la dirección facultativa de las obras de la avenida Cantabria, que fue la misma que revisó y aprobó los planos presentados por Prointec y que realizó la valoración subjetiva de las ofertas que se presentaron, para asumir un modificado de la obra cifrado en 348.734 euros, más del 17% del valor de la adjudicación.
La rehabilitación de la avenida Cantabria se sacó a licitación por 2.751.940 euros y se adjudicó a Construcciones Ortega por 2.015.796 euros. Se hizo atendiendo a los criterios subjetivos, ya que hasta el Ayuntamiento llegaron media docena de ofertas más económicas. De hecho, la que quedó en segundo lugar (RFS) al ser peor valorada en las cuestiones que nada tenían que ver con el precio, perdió la obra por 0,45 puntos sobre 100 a pesar de ser 110.000 euros más barata.
El 5 de noviembre de 2013 se firmó el acta de replanteo, lo que implica que, atendiendo al contrato, la ejecución debería estar finalizada el próximo 6 de mayo. Si se cumplen o no los plazos es algo que está por ver, pero lo que no se va a cumplir es el presupuesto.
Según un informe de la citada dirección facultativa, esos «errores y omisiones hacen necesaria» la introducción de modificaciones al proyecto que no son baladí. Hay cuestiones llamativas, como por ejemplo que se calculara la tasa de tratamiento del escombro según los precios de la planta municipal ya cerrada en Cortes y que ahora se revisen al alza y que ‘aparezcan’ bloques de hormigón no previstos (121.000 euros más). O que no se contemplara el cambio de ubicación de los contenedores, y por tanto de sus plataformas de hormigón. O incluso que se valoren las mejoras en la «seguridad del tránsito peatonal por la zona de obras».
Otras modificaciones se refieren a los firmes y pavimentos. Por ejemplo, estaba mal calculada la existencia de una capa de hormigón bajo las baldosas retiradas que ha resultado no existir. En total, todo el modificado (en términos administrativos es un acta de precios contradictorios) alcanza la suma de eso casi 350.000 euros, pero aprobarlo sería ilegal.
El límite
La Ley de Contratos del Sector Públicos únicamente admitiría un alza del 10% sobre el precio de adjudicación, circunstancia que, evidentemente, no se da en este caso porque ese límite estaría en torno a los 200.000 euros.
Ante esa contraindicación jurídica, lo que se ha pactado entre la dirección de las obras y el contratista es eliminar unidades de obra previstas hasta minorar el incremento del precio lo suficiente como para que sea ‘digerible’. Por ejemplo, la práctica totalidad de los trabajos a desarrollar en la glorieta Jorge Luis Borges (intersección con la avenida del Cid) y el entorno de la calle José María Puente no se realizará. Se mantendrán incluso las aceras actuales sin dar continuidad al pavimento de asfalto pulido.
62.536 euros se ahorrarán en firmes y pavimentos que ya no se harán. Más de 26.000 en la red de tráfico y la ‘semaforización’. Y más de 50.000 en mobiliario urbano, una de las grandes promesas de la rehabilitación. Y así hasta dejar en 71.278 euros el modificado al alza, de tal forma que la avenida Cantabria pasará a costar 2.087.068 euros, pero de ella se eliminan mejoras valoradas en casi 300.000 euros. Y eso si no hay más ‘precios contradictorios’.