A pesar de la supuesta creación de un departamento específico para la gestión de las multas de tráfico y de las sucesivas mejoras, en cuanto a programas y aplicaciones, que ha ido comprando el Ayuntamiento de Aranda, la tramitación y cobro de las sanciones sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Consistorio. Buena muestra de ello es uno de los últimos decretos firmados por la alcaldesa, Raquel González, a través del cual deja sin efecto más de tres centenares de multas impuestas en los últimos cuatro años con lo que las arcas municipales dejarán de ingresar algo más de 33.000 euros.
En concreto, son 375 las sanciones que han quedado invalidadas y las cantidades que dejarán de percibirse ascienden a 33.670 euros, lo que parece apuntar a que la mayor parte de ellas correspondan a irregularidades en el estacionamiento en la zona azul, lo que se pena con 90 euros. De los más de 30.000 euros perdidos, la mayor parte corresponden a infracciones sancionadas en 2013, donde ha habido que anular multas por valor de más de 20.360 euros. Sin embargo, también las hay de 2011, por valor de 720 euros, de 2012, cuya cuantía se eleva ya hasta los 10.100, e, incluso, de este mismo ejercicio, donde ha habido que dejar sin efecto ya pagos por un montante total de 2.490 euros.
«A lo mejor en el año 2011 todavía no teníamos el sistema tan operativo y tan bueno que se supone que tenemos para el seguimiento del cobro de multas. Pero que se nos hayan pasado ya hasta una de 2014, llama más la atención», indica Máximo Pastor, portavoz de Izquierda Unida, formación que ha denunciado la existencia de este decreto.
DEFECTOS AL NOTIFICAR
La razón que ha llevado a anular estas multas es un defecto en la notificación de las mismas. Al haber transcurrido tres meses desde su imposición sin que se le haya notificado oficialmente al infractor, ésta prescribe por lo que el equipo de gobierno se ve obligado a anularlas ya que no puede hacerlas efectivas.
Precisamente, por el elevado volumen de sanciones que no se hacen efectivas, desde la coalición de izquierdas se pedirán explicaciones en la próxima Comisión de Hacienda, que se confía en que se convoque antes del próximo pleno ordinario del mes de septiembre. Si no, tendrán que esperar a ver «qué ha pasado, quién hace el seguimiento y por qué se han dejado pasar todas estas multas». Una situación que, señala Pastor, consideran especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en ocasiones se han dejado de prestar ciertos servicios por carecer de liquidez y de esta manera se acaban de perder más de 30.000 euros.
Se da la circunstancia de que este mandato se invirtieron 29.000 euros más IVA, prácticamente la misma cantidad que ha dejado de ingresarse, para la implantación de tres programas informáticos conectados con la Dirección General de Tráfico que, supuestamente, iban a facilitar la gestión y cobro de multas al poder realizar notificaciones electrónicas o acceder al Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico en aquellos casos en que no pudiera notificarse.