Nuclenor aun sostiene que no tira la toalla, que no renuncia a la continuidad de Garoña más allá de 2013 y que «la puerta no está cerrada», pero dentro de 48 horas está obligado a dar el primer paso dirigido directamente a la clausura de la central nuclear del Valle de Tobalina.
Según el plazo que le impuso en septiembre el Consejo de Seguridad Nuclear, el día 6 es la fecha tope para entregar un conjunto de documentos sobre el plan de desmantelamiento de la central. Antonio Cornadó, director de comunicación de Nuclenor, explica que se trata de los papeles en los que reflejan «cómo vamos a afrontar desde el punto de vista de la organización, de los recursos humanos, de los planes y actividades de la planta, los meses que quedan antes de julio de 2013 y después de esa fecha».
El Consejo de Seguridad Nuclear supone que la planta burgalesa dejará de estar operativa en esa fecha porque nadie ha dicho nada en contra. Ese es el tope que marcó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, dado que Endesa e Iberdrola (propietarias al 50% de la central) no recurrieron la orden de cierre para sorpresa mayúscula del Gobierno del PP que se lo habría permitido, la línea de llegada sigue ubicada en el mismo lugar. Y el martes arranca la carrera final que durará 8 meses si nada lo impide, hasta la víspera de San Fermín del próximo año.
Porque Nuclenor se guarda siempre un as en la manga, o al menos así lo manifiesta públicamente. En paralelo al camino regulatorio, que tiene que ver básicamente con requisitos de seguridad, planes e informes, discurre lo que Cornadó define como «camino administrativo» que a juicio de las propietarias de la planta no se ha cerrado. No se marcan plazo límite y alegan de forma genérica a que todavía les quedan cauces legales para pelear por la continuidad, pero cada vez admiten con mayor claridad que la reversión del cierre «es cada vez es más complicado y el tiempo corre en nuestra contra».
Dice Nuclenor que hasta el mismo julio de 2013 se mantendrá esa situación de «veremos», pero al mismo tiempo y de forma contradictoria subraya que «esto no es una mercería en la que puedas modificar las condiciones de un día para otro». «Aquí hay condicionantes de otro tipo», comentan las fuentes de la empresa refiriéndose a la complejidad material y de seguridad que rodea a una central nuclear «que obligan a tomar decisiones con mucho tiempo». Solo ella sabe dónde colocará el punto de no retorno a partir del cual reconocerá pública y abiertamente que el desmantelamiento es inevitable.
«Si el escenario cambia cambiaremos también nosotros, pero no es realista, ni práctico ni adecuado, hacer como que no tenemos en cuenta el cierre», insisten desde la empresa: «Debemos estar en las mejores condiciones de operación y la forma de abordar esa situación es prepararnos humana y técnicamente».
Ese ‘escenario’ al que se refiere la compañía es, básicamente, la «fiscalidad nuclear». Los nuevos impuestos que el Ejecutivo central ha anunciado para la generación eléctrica «hacen inviable el futuro de la central», reflexiona Cornadó, porque supone un incremento de costos «instantáneo» del 20% para la planta de Tobalina «y eso supone no ser competitivos, y una empresa necesita serlo para seguir viva».
Así las cosas, solo una rectificación del Gobierno en cuanto a su política tributaria sería capaz de hacer cambiar de idea a Nuclenor, y ni aun así está claro si existe la posibilidad de dar marcha atrás cuando fueron las propietarias de la central las que por decisión propia dejaron pasar la oportunidad de solicitar la prórroga en la actividad.
polémica política. El Pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado miércoles evidenció que el PP ya ha empezado a tirar la toalla. La procuradora burgalesa Cristina Ayala anunció su esperanza de que finalmente no sea así, pero de sus palabras se dedujo que el partido trabaja con el escenario del desmantelamiento al admitir que no han podido «hacer más» ante el posible cierre. Frente a ella tuvo a otra procuradora por Burgos, María Fernanda Blanco, quien desde las filas del PSOE reprochó a los populares haber hecho «el ridículo» por su apoyo a Nuclenor a la continuidad cuando finalmente han sido sus propietarias las que han renunciado a ella.
Esta misma semana, además, la empresa anunció el nombramiento de José Ramón Torralbo como nuevo presidente y director general de Nuclenor, mientras Miguel Ángel Cortés fue designado como máximo responsable de Santa María de Garoña. Para la empresa, la reestructuración fruto de la jubilación de sus predecesores responde a una «voluntad de continuidad y coherencia» sin especificar si sus tareas serán la de trabajar en la continuidad o en el desmantelamiento de la planta.
Esta tarea, si finalmente comienza en el año 2013, se podría prorrogar durante 10 años, generar alrededor de 200 empleos y conllevar una inversión de 135 millones de euros, atendiendo al precedente de la central nuclear de Zorita. Garoña y los trabajos relacionados con la planta no cerrarán de la noche a la mañana. Seguirán generando trabajo en la comarca, pero ya no a los niveles actuales y necesariamente las administraciones, los ciudadanos y las empresas del entorno deberán buscar alternativas al motor que ha generado miles de millones de euros en las últimas décadas.