Alrededor de 70 vecinos de Fuentemolinos, un altísimo porcentaje para una pequeña localidad ribereña de un centenar de habitantes situada a 3,5 kilómetros del eje de la N-122, se manifestaron ayer al mediodía pacíficamente frente a la Casa Consistorial para reivindicar la normalización de la vida municipal. Una concentración convocada a través de una asamblea ciudadana para exigir la intervención de las administraciones de rango superior con el fin de que el Ayuntamiento cumpla sus funciones. Una protesta que se va a repetir semanalmente todos los sábados hasta lograr el objetivo.
Los fuentemolinenses, según expusieron en un comunicado que se encargó de leer José Ignacio Niño, se concentraron para protestar «por la deriva» en la que ha entrado el municipio, que ha provocado que en los últimos años hayan sufrido un progresivo deterioro en los recursos y en la convivencia ciudadana».
El origen del conflicto son las tensiones entre el secretario municipal y los actuales miembros de la corporación, integrantes de la lista única del PP, a raíz de que estos denunciaran en agosto de 2013 irregularidades en las cuentas municipales por parte del entonces alcalde, César de la Fuente, con la connivencia del empleado municipal, lo que desembocó en que el regidor presentara su renuncia en julio del año pasado.
Fruto del exceso de celo y de la judicialización de la vida municipal por parte del secretario, denuncian que se han quedado sin bar, sin la alguacila que resolvía los problemas cotidianos, o no se está procediendo a recaudar los impuestos municipales o las rentas de las masas comunales y ni siquiera se está tramitando la solicitud de subvenciones. «Todo esto nos ha indignado porque en lugar de entrar en vías de solución, vemos que estos problemas pueden agravarse», justificaban.
Los vecinos advertían que el hecho de que el secretario y la corporación municipal no trabajen juntos por el bien común «es un desastre» y que el que el Ayuntamiento no pueda desarrollar las competencias que tiene asignadas «es el camino seguro hacia la desaparición». Y reclaman que las autoridades velen po rque se cumpla la ley y lo hagan con rapidez.
La solución parece que podría pasar por relevar al secretario, que ocupa el cargo de manera interina y que comparten con Hoyales de Roa, Fuentecén y Haza, y al que el Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario que ha remitido al Ministerio de Administraciones Públicas, según reveló el primer edil, Sergio Martínez, si bien aún no se ha pronunciado. Sin embargo, aunque se ha llegado a sacar la plaza en propiedad, lamenta que «parece que no la quiere nadie».
Así las cosas los vecinos piden que se haga cumplir lo que establece el Código de Conducta de los Empleados Públicos, que dice que tienen que desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, tienen que ajustar su actuación a los principios de lealtad y buen fe con la Administración en la que presten sus servicios, con sus superiores y con los ciudadanos.
Asimismo hacen hincapié en que el Ayuntamiento tiene que cumplir las tareas de secretaría, asesoramiento legal, control y fiscalización de la gestión económica, contabilidad, tesorería y recaudación. «Si estas tareas son las que tiene que desarrollar el secretario del pueblo, que las haga, si no es así, que no las haga; pero si es preciso que las administraciones superiores tengan que determinar quién las tiene que realizar, que lo hagan, pero el pueblo no puede quedar paralizado», advierten.
Ante el rumbo que han tomado los acontecimientos denuncian la lentitud de las autoridades autonómicas y nacionales en tomar cartas en el asunto y exigen que el secretario municipal cumpla con diligencia «todas las tareas que le correspondan y vele por los intereses del pueblo porque es su competencia» y que en caso contrario se sancione.