El hijo mayor del expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol Ferrusola, negó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber cobrado comisiones ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos, al tiempo que defendió la legalidad de todas las actividades por las que recibió los pagos investigados, según informaron fuentes presentes en el interrogatorio.

El conocido como Sultán de Barcelona, que declaró durante más de cinco horas -cuatro de ellas fueron solo de preguntas del togado- y abandonó el recinto sin que se le impusiera ninguna medida cautelar, señaló que las adjudicaciones sospechosas se produjeron después de que su padre abandonara el Govern, el 17 de diciembre de 2003.

Pujol Ferrusola, que vestía traje gris y llevaba gafas de sol, entró en los juzgados minutos antes de las nueve y media de la mañana después de bajarse precipitadamente de un taxi, para evitar la foto. Ante el juez instructor, rechazó utilizar un intérprete de catalán; y poco antes de las cuatro de la tarde, salió por la puerta de la Audiencia Nacional y tomó otro taxi junto a su letrado.

Media hora antes entraba en las dependencias judiciales su mujer, Mercé Gironés, que también está imputada en este caso.

El magistrado, que atribuye indiciariamente a ésta y a Pujol Ferrusola un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, realizó este interrogatorio en el marco de la causa en la que investiga pagos por al menos ocho millones de euros que el matrimonio habría recibido de sociedades que fueron adjudicatarias de contratos públicos en su región.

seis sociedades. Ruz investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña» realizaron a seis sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa. 

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, los imputados habrían recibido estas «millonarias comisiones no justificadas» por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre diversos negocios.

Entre los proyectos en los que Pujol Ferrusola habría demostrado los «excelsos conocimientos que sustentarían los pagos», según refiere la UDEF, se encuentran la construcción de un centro de tratamiento de residuos en México y un sistema de red eléctrica en Gabón, la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia), la edificación de un hotel en Ibiza o la recalificación de varios solares en Palamós (Gerona) y Hospitalet (Barcelona).

Durante la instrucción, se interrogó a los representantes de las empresas pagadoras. Entre los testimonios que recogieron destaca el de Laura Cutillas, apoderada de Focio, que aseguró que el suegro de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés, le exigió un 3 por ciento de los 30 millones por los que se vendieron unas fincas en Hospitalet.

Ruz también rastrea la adquisición por parte de Pujol Ferrusola de 11 vehículos de alta gama de marcas como Porsche, Ferrari, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz o Lamborghini, si bien se cree que su flota de vehículos supera la veintena. Como ejemplo, adquirió un Jaguar FFY valorado en al menos 80.000 euros por apenas 3.600.

El magistrado, que también interrogará mañana a una testigo, abrió este procedimiento a finales de 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Júnior -otro de los motes del primogénito del exMolt honorable- María Victoria Álvarez, que el pasado 17 de enero declaró que le acompañó a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

Los acontecimientos se precipitaron el 25 de julio, con la explosiva confesión de Pujol sobre la herencia de su padre oculta durante más de 30 años en el extranjero. 

Además, el togado pidió a Andorra información bancaria sobre las cuentas de Pujol Ferrusola en dos entidades del país.

Desde que comenzó la investigación, Ruz ha recabado abundante documentación financiera, así como varios informes de la Agencia Tributaria que acreditan que los movimientos de divisas efectuados por los imputados durante ocho años superarían los 32 millones de euros, y habrían acabado en Argentina, Suiza, Uruguay, Luxemburgo, Estados Unidos, México, Francia y Gabón, entre otros países.

La presunta red tejida por Pujol Ferrusola es muy extensa y el trabajo que se desarrolla en los juzgados es enorme, si bien hay valiosas pistas al haber empresas que comparten domicilio social;todo un error de cálculo.