El auto de un juzgado canario rechazando la paralización de las oposiciones de enfermería por un defecto de forma similar al ocurrido en Castilla y León refuerza los argumentos sindicales para ‘salvar’ las plazas suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Tras conocer ayer por este periódico la sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso número
tres de Las Palmas, UGT, Comisiones Obreras y Satse, organizaciones personadas en la causa como agentes perjudicados, ven reforzadas las alegaciones que se encuentran preparando contra la reclamación del Ministerio de Hacienda, que considera que se convocaron fuera de plazo tras haber pasado más de tres años desde su inclusión en la oferta de empleo.
Carmen Amez, secretaria autonómica de la FSP de UGT, recuerda que varias sentencias que consideran que la temporalidad recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público no es una «medida que restrinja su celebración posterior», sino que se pretende que «la administración convoque las plazas dentro de un plazo». La dirigente entiende que la sentencia de Canarias refuerza otras anteriores, incluso una del TSJ asturiano en 2014, que avalan las tesis sindicales.
«Si la administración tiene que convocar y no lo ha hecho, pues que la sancionen», afirma Amez, quien se queja de que «la administración legisla, pero no cumple».
Por ello, confía en que el proceso salga adelante y puedan volver a recuperarse las plazas incluidas en la oposición suspendida junto a las convocadas este año en la Oferta Pública de Empleo de la Junta. «Hay dos perjuicios importantes: los casi 20.000 opositores, a los que se priva de conseguir un empleo;y los ciudadanos, que pierden calidad en la prestación de un servicio tan básico como la sanidad», concluye Amez.
Pesimistas. En cambio, Pablo Vicente, secretario autonómico de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, no es tan optimista a pesar de «un auto judicial más que nos da la razón a quienes defendemos que las oposiciones de enfermería deberían haberse celebrado».
No obstante, Vicente acusa directamente a la Consejería de Sanidad de la actual situación. «Aunque la administración tiene parte de razón, no la defiende de la forma correcta y pierde», afirma. Incluso, el dirigente de CCOO explica que «todo lo que se hace desde Sanidad se sustenta jurídicamente tan mal que cualquier que lo recurra tiene todas las de ganar».
Pablo Vicente recuerda que cuando el TSJ de Castilla y León suspende cautelarmente unas oposiciones es que tiene argumentos sólidos, por lo que no confía en una sentencia favorable cuando entre en el fondo del asunto, a pesar de que CCOO incluirá el auto judicial canario como parte del argumentario en sus alegaciones.
Tampoco es muy optimista Silvia Sáez (Satse), quien achaca el problema a una mala gestión de la Consejería de Sanidad «que incluso lo ha llegado a reconocer» y, aunque remarca que el auto canario se une a un listado de sentencias similares, no confía mucho en una solución judicial.