La decisión del Juzgado Número 1 de Villarcayo de sobreseer de manera provisional las diligencias que instruía contra la alcaldesa del Valle de Manzanedo por un presunto delito de prevaricación y contra el empresario Alfonso Pérez de Andújar por un presunto delito de usurpación de bienes públicos se ha encontrado con la total oposición del fiscal, que pide que se continúe con la instrucción de la causa. Además ve «esencial» que se tome declaración como imputados por presunta prevaricación a los ediles socialistas que en agosto de 2010 votaron a favor de «dejar en suspenso el expediente de recuperación de bienes públicos» incluidos dentro del vallado de un latifundio propiedad de la empresa Fuentehumorera S.L. y a los concejales que en 2012 acordaron «iniciar un expediente de desafectación y posterior permuta de bienes públicos por otros de naturaleza privada». Aquel expediente quedó en suspenso en 2013 tras la intervención de la Junta de Castilla y León que consideró el acuerdo «ilegal».

El fiscal estima así la petición de la acusación que ejerce la exedil del PP, Margarita Pérez Herrero, y de ser atendida por el juzgado se tomaría declaración como imputados a los exediles María Yolanda Álvarez y Marcos López Peña, así como a ediles en activo, Juan Carlos López Fernández y Moisés Fernández Peña. Asimismo, el fiscal reclama que se tome declaración como imputado al secretario, Enrique Rodríguez.

A juicio del fiscal, a la hora de informar y aprobar a favor de la desafectación de bienes públicos y su posterior permuta «deberá primar un interés general o público del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, interés que a nuestro entender no queda debidamente acreditado en la presente causa». El fiscal destaca además en su escrito que «la iniciativa» de desafectar caminos y servicios públicos del antiguo pueblo de Rioseco «no proviene del Ayuntamiento, sino del titular de la sociedad Fuentehumorera S.L.».

El fiscal considera que «no nos encontramos con la mera ocupación de un terreno concreto, sino con una ocupación de distintos caminos, viales, iglesias, ermitas, bienes inmuebles ornamentales, montes públicos... e incluso y lo que es más importante, con la ocupación y cierre de distintas entidades locales, tales como, Rioseco, Fuentehumorera, San Martín del Rojo y Quintana del Rojo, que por la conducta llevada a cabo por la mercantil Fuentehumorera S.L. queda imposibilitada de forma total o parcial el acceso a las mismas» a través de caminos que el vallado ha cerrado.

Asimismo, la Fiscalía recuerda que tras suspender el expediente de permuta en 2013 «no nos consta que el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo haya llevado a cabo conducta alguna para proceder a recuperar en la debida forma los bienes inmuebles usurpados». Si el juez decide continuar con la instrucción también le pide ampliar la imputación por usurpación de bienes públicos a otros dos administradores solidarios de Fuentehumorera S.L.