La Junta plantea tres vías normativas para que las entidades locales menores cumplan con la obligación legal de rendir sus cuentas, ya que en el último ejercicio fiscalizado por el Consejo de Cuentas sólo nueve de diez había cumplido y, de no hacerlo, corren el riesgo de desaparecer conforme a la reforma local que ha planteado el Gobierno central.
La Consejería de la Presidencia desarrolla esos términos en un decreto que ha abierto a las alegaciones de las partes interesadas. Las Cortes de Castilla y León acordaron por unanimidad blindar las juntas vecinales y encargar a la Junta la delimitación de las competencias de los secretarios con habilitación de carácter estatal, conforme a la Ley de Régimen Local de la Comunidad de 1998. También se han dirigido al Gobierno para que amplíe el plazo de tres meses que se las da para cumplir con su obligación.
Según el decreto elaborado por Presidencia, las funciones se podrán realizar por el secretario del municipio para las entidades asociadas al mismo, por un convenio interadministrativo local o bien se podrán distribuir entre los órganos competentes. Así, la normativa abre la posibilidad de que los funcionarios con habilitación estatal (secretarios) puedan solicitar desempeñar funciones de secretaría, control, fiscalización económico presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación.
Esa solicitud, con carácter voluntario, conlleva una retribución por el municipio o municipios agrupados a través de un complemento de productividad, financiado con las juntas vecinales a través de un convenio en el que se tendrá en cuenta su número, presupuesto y población. El decreto reconoce la dificultad dado que en algunos municipios existen una gran cantidad de entidades locales menores. Castilla y León tiene el 65 por ciento de las entidades locales menores de España, concentradas en su mayoría en León, Burgos y Palencia.
Otra de las posibilidades es la firma de un convenio entre la diputación provincial correspondiente, el Consejo Comarcal de El Bierzo y cada ayuntamiento y las entidades menores afectadas. En caso de que no haya una solicitud voluntaria o un convenio entre administraciones, se pueden distribuir las funciones, de manera que las más cercanas se ejerzan por los secretarios y las otras por el servicio de apoyo y asesoramiento de las diputaciones. Las corporaciones provinciales podrán acordar el pago por las entidades locales menores de las tasas administrativas por los servicios recibidos.
Acuerdo de mínimos. La defensa de las entidades locales menores es una de las líneas rojas recogidas en el acuerdo de mínimos entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, en materia de ordenación del territorio. Este apartado se refleja en el proyecto de ley de Servicios, Ordenación y Gobierno en el Territorio, que se encuentra en tramitación en las Cortes autonómicas.
La alarma, tanto de la Junta de Castilla y León, partidos políticos, Consejo de Cuentas y juntas vecinales, llegó cuando el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha presentado el Gobierno central, otorga a la comunidad autónoma la capacidad de disolver las entidades de ámbito inferior al municipio que no estén al día de sus cuentas, para lo que da tres mes, plazo imposible de cumplir en opinión de todas las partes.
En los últimos plenos de las Cortes regionales se han aprobado dos proposiciones no de ley, por unanimidad de los grupos de la Cámara, con deberes para el Gobierno (ampliar el plazo de tres meses) y para la Junta (clarificar las funciones de los secretarios locales), además de considerar las entidades locales menores una seña de identidad de Castilla y León.