El sector de la discapacidad cerró 2014 con incremento en el número de contrataciones por segundo año consecutivo y por primera vez desde que hay registros consiguió superar el millar de nuevos empleos en un año al alcanzar los 1.035 contratos. Sin embargo, no todo son buenas noticias: estos nuevos trabajadores no suman ni siquiera el 1% del total (0,87%) del año en la provincia y lo cierto es que la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral todavía está muy lejos, porque más del 80% de los puestos se generaron en alguno de los treinta y cuatro Centros Especiales de Empleo de la provincia que, a fecha del pasado 1 de febrero, figuraban en el registro oficial de la Junta y que generando ocupación para 685 personas con algún tipo de discapacidad.

El porcentaje de empleos generados en los centros especiales no ha dejado de incrementarse en los últimos años, al pasar de suponer el 59,5% del total anual de nuevas contrataciones a personas con minusvalía reconocida en el año 2006 al citado 80% de 2014. Entonces, se firmaron 514 nuevas relaciones laborales, de las cuales 306 tenían como objeto desempeñar funciones en alguno de los 17 centros especiales de empleo registrados. Seis años después, en 2014, las cifras se habían casi duplicado en todos los sentidos y, de hecho, de los 1.035 nuevos contratos firmados, 827 los sostenían este tipo de empresas, generalmente de servicios, que se han convertido en la tabla de salvación de cientos de personas que, si no, no tendrían de qué vivir. 

Así lo asegura el gerente de Servigest, Ángel Acha; una sociedad que con unos 190 trabajadores en este momento se ha convertido en el segundo centro especial de empleo con más plantilla de la provincia, justo por detrás de Aspanias. «En Servigest el 100% de los trabajadores tenemos discapacidad y creo que puedo hablar por muchos de ellos cuando digo que aquí vieron la luz al final del túnel», afirma, para explicar a continuación que «si yo estoy aquí es porque no he encontrado otra cosa o porque no he tenido oportunidad de trabajar como licenciado en Químicas, que es lo que estudié. Yo soy analista y claro que me gustaría dedicarme a lo mío, pero aquí tengo un trabajo y un salario digno que me permite criar a mis hijos, que es de lo que se trata, de llevar una vida normalizada». De parecida opinión es el gerente de Aspanias, José María Ibáñez, quien afirma que «si los centros especiales no existieran, quizá un 4% o un 5% de los trabajadores con discapacidad podría transitar al mercado abierto, pero la gran mayoría perdería el trabajo». 

Los más de siete años de crisis han atacado con dureza al sector de la economía social, para el que 2011 y 2012 fueron años demoledores en los que se vivió un retroceso del empleo y de las nuevas contrataciones de más del 40%, siempre según datos oficiales publicados en la web estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe, antiguo Inem). No fue hasta 2013 cuando empezó a atisbarse cierta recuperación del volumen de trabajo, que en 2014 ha continuado. No obstante, al hablar del incremento de relaciones laborales, tampoco puede perderse de vista que el sector de la discapacidad es uno de los que más temporalidad soporta; una circunstancia que en gran medida se explica porque los centros especiales de empleo demandan personal en función de los picos de producción. Y esto viene determinado por la carga de trabajo que soportan las empresas para las que trabajan.

En el caso de Servigest, dedicada a embalar y empaquetar productos de multinacionales como Pepsico, Campofrío, L’Oréal o hacer controles de calidad para otras tantas firmas del sector de la automoción como Antolín o Dau Componentes, entre otros, reciben una media de treinta currículos cada mes. Y no solo son personas burgalesas, sino que hay peticiones de otros puntos de España o incluso del extranjero. «Aquí da lo mismo la nacionalidad o el tipo de discapacidad, porque intentamos que el puesto se adapte a la persona y no la persona al puesto. Para trabajar en discapacidad se tienen que dar dos condiciones indispensables: que se pueda trabajar, porque hay que ser consciente de las limitaciones de cada uno y, en segundo lugar, que se quiera trabajar. Esto no es una fundación, es una sociedad limitada y tenemos que rendir cuentas con los socios y cumplir con nuestros clientes en calidad y tiempo», afirma Acha, matizando que a todos ellos se les exige estar apuntados en las listas del paro y que no cobren pensión. Una cuestión, esta última, sobre la que Acha cree que hay un gran desconocimiento o un gran prejuicio en la sociedad, porque «lo habitual es que la gente piense que por llevar muletas o ir en silla de ruedas ya estás cobrando un subsidio, y no es así. Eso ocurre en un 6% o 7% de los casos, pero el resto tenemos que vivir del trabajo, como cualquiera». 

Y de ahí que considere que la función de los Centros Especiales de Empleo no es solo que den la oportunidad de demostrar su valía a cientos de personas que tienen cerrada la puerta en el mercado laboral convencional, sino que le evitan al Estado abonar una serie de prestaciones y, además, generan riqueza. «Nos acusan de competencia desleal, generalmente con total desconocimiento de lo que aquí se hace», apunta este burgalés que forma parte del 70% de la plantilla, con discapacidad física. El otro 30% se divide a partes iguales entre minusvalía sensorial e intelectual. Otro punto de vista aporta el gerente de Aspanias, José María Ibáñez, quien considera que no ha habido mejor barómetro que la crisis para testar la utilidad o viabilidad de estos centros de trabajo de la economía social, pero empresas al fin y al cabo. «Más importante que el haber ganado algún puesto de trabajo ha sido el hecho de no haber perdido. Y máxime si se tiene en cuenta que se ha vivido una profunda transformación». Y no solo eso, Ibáñez recuerda que un estudio elaborado por la Fundación Once  y la patronal en Castilla y León de estas empresas puso de manifiesto que «por cada euro que se invierte en los centros especiales, se recuperan 1,7 euros. Esto es importantísimo, porque también da a entender que estamos en el camino de la autosuficiencia».

el próximo reto. Para el gerente de Aspanias la hoja de ruta a seguir a partir de ahora tiene que ser la independencia: probar que no solo pueden ser espacios rentables, sino también autosuficientes. «La supresión de las bonificaciones a la contratación es el gran reto para el sector y el dato sobre el retorno económico es una buena señal, pero todavía falta mucho», apunta Ibáñez. 

Su homólogo en Servigest también cree que la sostenibilidad sería difícil si se suprimieran las bonificaciones y ayudas a la contratación. «Nosotros tenemos un porcentaje de absentismo, de bajas, de entre un 12% y un 14% y es a esto a lo que destinamos esas ayudas», explica , destacando que no es que por tener movilidad reducida, por ejemplo, se sea más sensible a la gripe, sino que la discapacidad exige una serie de revisiones y bajas que una empresa ‘normalizada’ no debe asumir como dinámica cotidiana. «Ahora, las subvenciones ayudan, pero también digo que no te mantienen. Nosotros empezamos hace ahora diez años siendo 11 y si  en este momento somos 190 personas trabajando para multinacionales es por las personas, que dan el 120%».