Atalaya Intercultural, la organización que aúna a cinco congregaciones religiosas que trabajan para mejorar la calidad de vida de la población inmigrante, recibió la pasada semana la confirmación de la resolución del proceso de expulsión de una de las personas a la que ofrecen sus servicios. Se trata de un hombre africano que fue detenido el pasado mes de febrero en la propia sede de Atalaya cuando hacía un receso de la clase de español a la que acudía, una situación que provocó la indignación del colectivo que llegó a preguntarse si tendría que esconderse y hacer su labor de ayuda en la clandestinidad. La organización ahora presentará un recuso contencioso administrativo contra esta decisión, consciente de que será un proceso largo y costoso.
«Vamos a pedir que tenga la palabra el juez pero eso significa alargar tanto las cosas, ¡ir a un contencioso-administrativo por falta de humanidad..! Porque esta persona, que vivía con nosotros, además, fue detenida arbitrariamente por el color de su piel. Me pregunto por qué no se utiliza el sentido común y la Policía va a buscar a los delincuentes donde están, que no es precisamente en Atalaya dando clases de español», afirmó la coordinadora de programas, Isabel Olazagoitia, quien, por otro lado, reconoció que desde que se reunieron con el subdelegado del Gobierno tras aquellas detenciones -hubo dos- la Policía no ha vuelto por su sede.
Olazagoitia, que asegura haber sido testigo en muchas ocasiones de cómo las fuerzas de seguridad del Estado se presentan en la estación de autobuses a buscar sinpapeles, recordó que la repercusión de aquella acción «tiene rostro y nombre propios»: «Se llama Fatu, se ha quedado viudo recientemente y ya teníamos una oferta de trabajo para iniciar el proceso de pedir el permiso de trabajo y residencia por arraigo para que pudiera ir a visitar a su hija, que hace ocho años que no la ve y ahora no sabemos qué pasará».
EMPLEO CON TRES PES
Las Hijas de la Caridad, las Religiosas de María Inmaculada, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, los Salesianos y la Compañía de Jesús componen Atalaya Intercultural, una organización que hace dos años celebró su décimo aniversario y que acaba de publicar su memoria de actividades de 2014. En ella destaca el análisis que hacen de la situación del acceso al empleo de la población inmigrante, que no tienen empacho de calificar como «empleo con tres pes» ya que, a su juicio, los puestos que se les ofrecen son «precarios, penosos y peligrosos».
Las cifras dicen que el año pasado se obtuvieron, gracias a la mediación con empresas, 95 inserciones laborales pero Olazagoitia afirma que a final de año no quedaban más de 50 personas trabajando: «Aparecen ofertas por uno o dos meses y luego se vuelven a quedar sin nada, que también se comprende porque las empresas no tienen demanda. En este sentido, tienen los mismos problemas que los españoles». En total, atendieron 1.489 demandas de empleo, que supusieron unas quince diarias.