A 10 días de que expire el periodo de garantía de la obra, la reforma de la avenida Cantabria aún presenta serias deficiencias que la empresa no ha subsanado. Imagina Burgos exige al equipo de Gobierno que no deje pasar el plazo y reclame a Construcciones Ortega su ejecución, además de considerar necesario su penalización de cara a futuras licitaciones.
La concejala Blanca Guinea denunció ayer en rueda de prensa que a día de hoy no se ha solventado el modo de acceso a la calle Batalla de Villalar, que antes disponía de un carril de incorporación propio y ahora obliga a permanecer a los vehículos en el lado izquierdo de la avenida (sentido glorieta de Bilbao), lo que además de dificultar el tráfico ha provocado accidentes, según la edil de Imagina, que cita también este punto como un ejemplo de mala señalización, puesto que el semáforo se ubica después del giro.
Además, recuerda que no se ejecutó el paso de cebra previsto a la altura delCamino de Santiago (se realizó el rebaje y luego se rectificó), entre otros aspectos inicialmente diseñados en una obra que terminó con 4 meses de retraso y que no se ejecutó en toda su extensión, por el encarecimiento con aspectos que inicialmente no se habían tenido en cuenta. De este modo, se dejó fuera la mejora de la glorieta Jorge Luis Borges, «la única de Burgos que conserva los cedas al paso interiores», recuerda Guinea.
La concejala advierte además que en la mediana de la avenida se plantaron unas especies que podrían ser difusoras de una enfermedad conocida como ‘fuego bacteriano’, que afecta a plantas ornamentales y a frutales y que se propaga fácilmente, prohibidas expresamente por la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento requirió hace meses a la empresa que probase que no era así pero «a día de hoy aún se espera el certificado del viverista», apostilló Blanca Guinea.
La rehabilitación de la avenida Cantabria se sacó a licitación por 2.751.940 euros y se adjudicó a Construcciones Ortega por 2.015.796 euros. Posteriormente, errores y omisiones en el proyecto inicial obligaron a recortar las unidades ejecutadas. Pese a las prórrogas y el retraso con el que finalizó, la empresa reclamó cerca de 10.000 euros alAyuntamiento, que terminó por reconocerle solo 307 euros vía decreto.