El PP municipal no quiere que una comisión especial de investigación conformada por todos los grupos municipales y a la que puedan ser llamados cuantos testigos fuere necesario indague en todo lo sucedido en torno al gasto efectuado desde un duplicado de una tarjeta telefónica municipal que utilizó el concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, y que consumió miles de euros en los primeros meses de 2011.

Con el voto del propio Villanueva incluido, el Grupo que preside Javier Lacalle denegó la urgencia de una proposición presentada a tal fin por el PSOE y apoyada sin fisuras por UPyD. IU no lo hizo porque su único concejal, Raúl Salinero, consideró inútil la reunión mantenida por la mañana entre los portavoces para ser informados sobre el caso y se retiró del Pleno en señal de protesta por lo que, considera, es un procedimiento encaminado a ocultar la responsabilidad de Villanueva.

Como proponente, fue el portavoz socialista, Luis Escribano, el que contextualizó el debate, que venía precedido de una movilización nunca antes conocida de más de medio millar de funcionarios y trabajadores municipales que acompañaron el pleno de una sonora pitada y la petición de dimisión del concejal. Tal fue el respaldo de esa protesta, que en dependencias municipales hubo una presencia policial inusual e incluso se vieron efectivos de Policía Nacional vestidos ‘de paisano’. No se registró incidente alguno. Ahí no.

Pero, regresando a Escribano, que se hizo eco de «una indignación como pocos han conseguido antes», justificó la urgencia de la moción en que «estamos actuando muy tarde, con insoportable retraso». Pero el portavoz del principal grupo de la oposición fue mucho más contundente al afirmar rotundamente que «ustedes conocían la factura (antes de que este periódico hiciera pública su existencia) y hay datos irrefutables de que la tarjeta se ha usado para fines no municipales, fines particulares o de grupo que no son justificables por ninguna razón y nunca».

Entendiendo que «la Corporación somos todos» y que «todos estamos afectados» por el caso, terminó su primera intervención subrayando que «es imprescindible descubrir para qué se utilizó» el duplicado que Villanueva hizo de la tarjeta que negó tajantemente haber usado limitando su acceso al departamento de Informática. A los funcionarios.

Roberto Alonso, de UPyD, abundó en que «nos han confirmado que el técnico (que revisa las facturas) se lo comunicó al concejal, y queremos saber si también al alcalde» y lanzó una advertencia que está siendo una de las frases más repetidas en los últimos días: «No nos vale con un informe del vicesecretario como el que se hizo en el caso Espolón».

el no del gobierno. Y así las cosas le tocaba al portavoz popular, Ángel Ibáñez, hacer buenas las predicciones de la oposición y rechazar la urgencia de la proposición y, por extensión, la creación de la comisión especial. Repitió que el objeto del informe interno encargado por el alcalde para «esclarecer hasta el último detalle» es de la «máxima prioridad», y consideró que el encargo del citado documento demuestra que «ya ha sido urgente la toma de decisiones». Por último, lanzó a la oposición la advertencia de «hacer juicios de valor» antes de conocer el informe.

Venían esas palabras a responder a la multitud de teorías esgrimidas por la oposición sobre la vinculación que pudieran tener los hechos debatidos con la campaña electoral, coincidente en el calendario con lo sucedido.

Escribano replicó que «no cabe pensar que alguien que ha hecho algo así pueda seguir» con su acta de concejal y contestó a Ibáñez que, «si no quieren que especulemos, ahora mismo podrían decir claramente para qué usaron el duplicado de la tarjeta». Antes de votar en contra, el PP escuchó al portavoz socialista sintetizar su malestar: «Ustedes, que son los investigados, se reservan el acceso único a la investigación».

En el turno de preguntas se resolvió que Villanueva, en suspensión temporal, sigue cobrando todo su sueldo pero que fue relevado cautelar y oficialmente al término del Pleno.

El concejal Salvador de Foronda, responsable de Hacienda y Seguridad Ciudadana, se hará cargo de esas atribuciones mientras se aclara el futuro de Villanueva, que tuvo que ser escoltado por la Policía a la salida del Pleno hasta el punto de que se vivió el lamentable suceso de que tuviera que ser ‘evacuado’ de la calle en un coche patrulla para evitar la agresión física de un reducido grupo de individuos en la plaza Santo Domingo de Guzmán.