Mientras la Fiscalía estudia el expediente del caso Proincove -por el que el Ayuntamiento de Aranda debe abonar más de cuatro millones de euros a esta constructora por haber ocupado sin expropiar, al ejecutar el proyecto de recuperación de las riberas de los ríos, una parcela de su propiedad-, el asunto podría llegar a la vía penal  si la concejala socialista Mar Chamorro persevera en su intención de presentar una querella contra el edil del PP, Javier Rojas, por las declaraciones en las que atribuía el origen del problema a la supuesta inacción del anterior equipo de gobierno, presidido por el socialista Luis Briones, y abogaba por investigar el hecho de que Chamorro «es la administradora de la empresa beneficiaria», que su marido es el abogado de la firma y que éste comparte despacho con el citado regidor socialista.

De momento, la posibilidad de presentar una querella por estas manifestaciones quedó ayer expedita después de que se celebrara  el acto de conciliación previo sin que hubiera avenencia.  El representante del PP, que acudió a la cita acompañado, además de por su abogado, por la alcaldesa de Aranda, Raquel González y el primer teniente de alcalde y secretario comarcal de esta formación, José Máximo López Vilaboa, aprovechó su declaración para asegurar que entendía que los hechos en los que se funda la demanda de conciliación no vulneran o atentan el derecho al honor y a la propia imagen de Mar Chamorro. Asimismo, incidió en que sus declaraciones en modo alguno han constituido delito, en referencia a la posibilidad de haber calumniado.

Tras el fracaso del acto de conciliación, ahora, la pelota está en el tejado de Chamorro, que deberá decidir si sigue adelante con la querella por calumnias que anunció contra Rojas o, por el contrario, abandona la vía judicial. Se da la circunstancia que esta no es la única acción emprendida por la edil tras las declaraciones del popular, ya que también remitió a la Fiscalía todo el expediente para que se pronuncie sobre su «irreprochable actuación» en el caso.