El empresario Victoriano del Río no ha cumplido totalmente el compromiso adquirido con el equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino de retirar los procedimientos judiciales que mantenía con el Consistorio a cambio de la concesión de la licencia definitiva a la plaza de toros. Tan solo ha solicitado la finalización de tres de los cuatro contenciosos pendientes. Ello sin olvidar que el que pedía resolver el contrato y exigía 12 millones de euros de indemnización lo tuvo que archivar unos días antes el juez de motu proprio.
El empresario, que ayer viajó a Aranda para presentar copia de las solicitudes, pidió el lunes el archivo del recurso 73/2012 que impugnaba el acuerdo que declaraba caducada la licencia de obras del coso, ya revocado; el 39/2013, en contra de no permitirle realizar obras en la casa del guardés después de caducadas las licencias y el 53/2013 que reclamaba 300.000 euros de responsabilidad patrimonial por corregir las alineaciones .
Sin embargo, Del Río no ha quitado el recurso 43/2012 contra la reclamación municipal de los 700.000 euros del precio de adjudicación, fijado en 777.000 euros de los que solo se abonaron 70.000 al firmar las escrituras. Si bien el equipo de gobierno esgrime que son a compensar por los 12 días de uso del coso al año por parte del Ayuntamiento, desde la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros se recuerda que esa compensación se rechazó expresamente por el Pleno, que acordó reclamarlos. «Ese acuerdo es ejecutivo por lo que debiera estar en trámites propios del servicio de Recaudación o en ejecución en vía judicial, pero nunca suspendido como está ocurriendo. Como al resto de los ciudadanos y empresas cuando no pagamos y aunque recurramos», argumenta.
Recrimina que ni la regidora ejecuta los 700.000 euros ni disfruta de la plaza, carente de plan de seguridad, y considera que están «echando un capote» al programar en el coso los Carnavales para permitir a Del Río seguir con el dinero.
En su opinión Del Río no ha pedido la suspensión de la ejecución de ese acuerdo «seguro de la sumisión a sus deseos de nuestros cuatro mandatarios». Pero advierte de que esa cantidad no se puede compensar ya que en 10 años, mientras él utilizaba la plaza para hacer su negocio el Ayuntamiento no la ha podido usar, lo que produjo el devengo de su obligación de pago según el contrato y el sentido común. «Por ello el canon de uso, aparte de ser ilegal, no es exigible. Desde luego no lo era en el momento en que el Pleno acordó cobrarle el precio de adjudicación, puesto que no podía usar la plaza que daría lugar al devengo del canon contractual», sentencia.
Y advierte de que si quiere alegar compensación debería hacerlo en otro procedimiento al efecto «que ni siquiera se ha molestado en promover tan seguro como está de que no le pasará nada».