Se ha convertido en un clásico del Boletín Oficial de Castilla y León. En los últimos meses, los anuncios para comunicar la incoación de expedientes a Good Fly, la empresa que operó durante los últimos veranos los vuelos chárter desde Villafría con el apoyo directo del Consorcio para la promoción del aeropuerto burgalés, se han multiplicado hasta superar la veintena.

Cada uno de ellos, tal y como confirmaron ayer fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a este periódico, se corresponde con la apertura de un expediente sancionador a la aerolínea. El motivo de que estén siendo publicados constantemente reside en que la Junta se ha topado con la ‘desaparición administrativa’ de los responsables de la empresa y la consecuente imposibilidad de comunicar el inicio de los procedimientos, que arraigan en las denuncias realizadas por los usuarios a través de los correspondientes servicios territoriales de Turismo.

Eso, a su vez, está retrasando la resolución de los mismos, pero no la impedirá, según las mismas fuentes. Por el momento todos los sancionadores se han acumulado en un único procedimiento y se les aplicará lo dictaminado en la Ley de Turismo, que contempla sanciones a partir de 900 euros que se pueden ver incrementadas notablemente e incluso multiplicadas cuando se demuestre que existe una reincidencia en los hechos denunciados, todos relacionados con el convulso fin de la campaña de 2013 tanto en Burgos (Villafría) como en León (Virgen del Camino).

Después de haber ejecutado con éxito las campañas de los años 2011 y 2012, la empresa alcanzó un nuevo acuerdo con el Consorcio para conectar Burgos con los tres destinos baleares de referencia (Palma, Ibiza y Menorca) e hizo lo propio con el Consorcio de León, con la peculiaridad de que el mapa de rutas y vuelos desde el Virgen del Camino era mucho más amplio, como también lo era la subvención del ente leonés.

Las rutas comenzaron a operarse con normalidad, pero a mitad de verano se registraron las primeras cancelaciones de algunas conexiones bajo presuntos motivos técnicos que, como se acabó demostrando, se debían a la falta de liquidez de Good Fly para hacer frente al pago de sus proveedores (tanto los aviones como la tripulación eran subcontratados).

Eso provocó una cancelación en cadena de vuelos que, en el caso de León, fueron parcialmente sustituidos por otros pagados por el Consorcio, mientras que en Burgos fue un rescate de 45.000 euros (que no se han devuelto) lo que impidió que más de un centenar de pasajeros se quedaran tirados en las islas. La ayuda no evitó que otros vuelos fueran anulados o que se movilizara por carretera (y en largas distancias) al pasaje de otras rutas al no poder despegar los aviones alquilados. De ahí buena parte de las reclamaciones que ahora se instruyen.