En el año 2009 Ana Garrido, entonces funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción el primer hilo del que tirar para deshacer la madeja de la trama Gürtel. Denunciando las irregularidades de su Consistorio dio pie a uno de los mayores escándalos de la democracia, y pese a que ha acabado pagándolo con su puesto de trabajo ahora imparte charlas sobre la podredumbre del poder político.

Garrido estuvo ayer invitada por Burgos Decide en un taller bautizado como «Barriendo la corrupción» en la que también participó la Plataforma Viernes Negro en defensa de lo público. Y haciendo balance de estos años, que para ella en lo personal han sido muy duros, cree que el panorama en la lucha contra la corrupción está  mejor de como se lo encontró cuando empezaba la crisis.

Garrido sostiene que respecto a hace un lustro «estamos igual en que no hay una desvinculación entre el poder jurídico y el político», pero cree que «las cosas han cambiado en cuanto a la conciencia del ciudadano a la hora de denunciar». La creación de plataformas ciudadanas sirve para preservar en mayor medida el anonimato de los denunciantes (algo que no se respetó en su caso) y por eso animó a empleados públicos y al resto de ciudadanos a que denuncien los casos que conozca «porque su conciencia va a mejorar por limpiar esta lacra».

Además, la ex empleada municipal de Boadilla se mostró convencida de que próximamente aparecerán nuevos casos de corrupción por toda España «porque a las asociaciones con las que colaboro están llegando denuncias de otras alcaldías, con mayor o menor alcance», y esos colectivos asesoran a quienes se animan a destapar los casos sobre cómo conseguir las pruebas necesarias para presentarlas ante la justicia.

Un día después de conocerse la petición de penas por parte de la Fiscalía para varios de los principales implicados en la Gürtel, la denunciante que dio origen al caso se mostró «optimista» respecto a las posibilidades de que los responsables paguen por sus actos «pero es un proceso muy largo y queda mucho por ver».

En el taller participó también Miguel Álvarez, de Viernes Negros,   quien recordó que los empleados públicos llevan dos años y medio manifestándose en defensa de su labor y lamentó el alejamiento «de los sindicatos mayoritarios porque este movimiento también ha sido crítico con su labor».

Álvarez denunció igualmente que «los recortes siguen de plena actualidad», acusando a la Junta de seguir «vejando al empleado público» y de ser una «administración politizada en lugar de estar profesionalizada».