UGT, CCOO y CSIF ven “aristas” en la regulación que se tramita en las Cortes sobre la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración autonómica, que en su opinión hará que se quede en el “papel” y no llegue a los “bolsillos”. Por ello, presentaron a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas con el fin de mejorar la Proposición de Ley del Grupo Popular, con cambios en los límites presupuestarios, así como con un acceso extraordinario por antigüedad este año.

El secretario de FeSP-UGT; Tomás Pérez; la coordinadora del Área Pública de CCOO, Ana Rosa Arribas; y la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, expusieron hoy las enmiendas a la Proposición de Ley de Implantación y Desarrollo de la Carrera Profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, que cerrará el 22 de enero el plazo de presentación de las mismas.

En ese sentido, los tres dirigentes sindicales indicaron que los grupos se han comprometido a incorporar estas enmiendas en gran medida, si bien indicaron que el mayoritario, el Popular, proponente de la Ley, no ve posible asumir sus propuestas en materia presupuestaria, así como la posibilidad de que los empleados con más edad y una larga trayectoria accedan a estos complementos, puesto que de lo contrario nunca accederán al cuarto grado.

Al respecto, los representantes de UGT y CSIF hicieron hincapié en las dificultades que entraña el artículo 7,2 de la futura ley por los condicionantes presupuestarios que establece para la aplicación de la carrera profesional. “Con los presupuestos hemos topado”, dijo Tomás Pérez, en referencia a la argumentación de su compañera Raquel Fernández, quien advirtió del problema presupuestario que alega el PP.

El dirigente ‘ugetista’ rechazó que se vincule la carrera profesional a las entregas a cuenta vinculadas al personal. También Raquel Fernández rechazó que se establezca una cantidad económica, que se estableció en 75 millones, sino que se habilitará el “crédito necesario”.

Por su parte, la representante de CCOO advirtió de que todos los empleados no son una masa “homogénea” y demandó que se escuche las propuestas de los sindicatos sobre la forma en que debe aplicarse la carrera profesional. Reivindicó, junto a los otros dos dirigentes sindicales, que la regulación de la carrera profesional debería haber arrancado en la negociación con quienes representan al 70 por ciento de la plantilla de la Junta, en la mesa sectorial.

Por ello, demandó un marco regulatorio que permita negociar el resto de decretos y ordenes en la mesa sectorial. Además, recordó que el modelo actual para los profesionales de Sacyl, que se dejó de aplicar y ahora reclaman los tribunales, no debe mantenerse, puesto que se ha comprobado que existen diferencias retributivas “exageradas” y se limita el acceso a muchos profesionales.

Los tres sindicatos, que firmaron un acuerdo en 2015 con la Consejería de la Presidencia, que preveía recuperar la carrera profesional, rechazaron la propuesta de la oposición que limitaba para algunos colectivos esta iniciativa, que recodaron llevan esperando más de una década. También advirtieron de que no ven la urgencia de aprobar esta regulación en este momento, si bien confiaron en que la aceptación de sus enmiendas mejore el texto.

UGT, CCOO y CSIF han culminado una ronda de encuentros con los diferentes grupos parlamentarios para plantear sus demandas, con el objetivo de que se incorporen a la Proposición de Ley. Algunas de ellas, precisaron, serán aceptadas, si bien los ‘populares’ ya les expresaron sus reticencias a que las vinculadas con el presupuesto vean la luz. Otras, sin embargo, se añadirán al detectarse algunas deficiencias en el texto registrado en las Cortes.