Si bien no se ha producido con la brevedad que anunció en Burgos el pasado mes de mayo la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien aseguró que la variante de Aranda de Duero de la Autovía del Duero (A-11) iría «en los próximos días» al Consejo de Ministros para retomarla, lo cierto es que ya se ha desbloqueado administrativamente la ejecución del proyecto.
Un acuerdo que, según han informado a DB fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto aunque no había trascendido hasta que este periódico inquirió sobre el mismo porque no ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ana Pastor ya explicó por aquellas fechas que, ante las discrepancias económicas surgidas entre su departamento y la empresa adjudicataria, la obra estaba paralizada tras retomarse en marzo de 2011 y la reanudación debía hacerse a través de la sociedad estatal Seittsa, lo que requería un nuevo convenio que recibiera el plácet del Ejecutivo en pleno.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron que todo el problema surgió porque en julio de 2010, siendo ministro José Blanco, la obra se intentó rescindir dentro de los recortes presupuestarios impuestos al no acceder la empresa adjudicataria -Acciona Infraestructuras- que al parecer había presentado un modificado del proyecto que superaba el 20% del presupuesto -la obra se licitó por 80 millones de euros y se adjudicó por 54- a las pretensiones de rebaja del presupuesto que pretendía Fomento. Seittsa recibió el encargo de paralizar el expediente con la suspensión de 38 millones de euros pendientes de ejecución, aunque de forma efectiva no se llevara a cabo.
Posteriormente, cinco meses más tarde, hubo un cambio de criterio y José Blanco anunciaba que se rescataba la variante al haber encontrado una alternativa para no romper el contrato de la ejecución del vial, cuyos extremos no se dieron a conocer- lo que obligaba a revocar la paralización. Nunca se llegó a resolver el contrato con la adjudicataria. Pero al haber tenido el mandamiento Seittsa se necesitaba tener una adenda al modificado del contrato. Un trámite que se vio en el penúltimo Consejo de Ministros, que dio luz verde a la addenda número cuatro al convenio segundo de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras, aunque el contenido de ese apéndice no ha trascendido para conocer si se han variado las condiciones económicas.
«Se modificó el convenio en su momento para rescindir la obra, que no era firme, pero se ha tenido que volver a modificar para dejar el estatus previo a esa modificación que inició», explican desde la Subdelegación del Gobierno, aclarando que ha sido una cuestión meramente administrativa que no ha tenido ninguna influencia ejecutiva en la obra.