Una década de crisis ha generado o incrementado realidades inéditas o poco extendidas en la España del siglo XXI. Muchas han protagonizado docenas de titulares (desahucios, empleo precario, cierre de empresas, expedientes de regulación, falta de financiación...) y otras han pasado algo más desapercibidas. Es el caso del envejecimiento de las plantillas públicas.

España es todavía una democracia joven. La mayoría de las instituciones llamadas a descentralizar un Estado plenipotenciario (gobiernos regionales y, en menor medida, diputaciones y ayuntamientos) se desarrollaron plenamente en los años 80 y 90, lo que, llegados a finales de 2018, está provocando que sus empleados, ya sean funcionarios, laborales o interinos, estén tocando con los dedos la edad de jubilación. Esta coyuntura no sería un problema si no fuera porque se ha solapado con el veto legal a la tasa de reposición en el sector público.

Una de las primeras medidas adoptadas tras el estallido de la crisis fue prohibir que se cubrieran las bajas laborales (jubilaciones incluidas) salvo en aquellos puestos que se pudieran demostrar indispensables (prioritarios) para el funcionamiento mismo de la administración o, si fuera el caso, de forma transitoria para necesidades urgentes e inaplazables. Afectó a todo el sector público y, en algunos casos, se tomó la literalidad de la norma, de forma que en plazas que bien podrían encajar en los supuestos de excepción (las afectas a la seguridad pública, por ejemplo) tampoco se repuso a nadie.

La consecuencia es un envejecimiento generalizado de las plantillas, lo que ahora obliga a tramitar, convocar y resolver concursos de acceso a la función pública por la vía rápida. A eso o a prestar un servicio deficiente. En el caso del Ayuntamiento de Burgos, la edad media de su plantilla ya alcanza los 53 años. Así se desprende de la auditoría bianual que se realiza sobre el plan de pensiones de los empleados municipales, un documento que sirve para monitorizar la gestión de esos fondos, pero también, aunque de forma indirecta, la evolución de la plantilla consistorial.

El plan, que está vigente desde 1988 y se vio reforzado a comienzos de siglo, cuando se negoció la renuncia a cuestiones como las entradas de los toros y similares a cambio de mejorar las condiciones de jubilación de la plantilla, afecta a un total de 1.420 partícipes. En 2018 se han pagado 25 capitales: 21 por jubilación, dos por invalidez, uno por invalidez absoluta y una más por desempleo. Eso son datos actualizados a este mismo mes. Datos en los que se recoge que la edad media de esos partícipes alcanza los 53 años.

Esta problemática ya ha sido objeto de debate político en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura, pero casi siempre se ha centrado en la necesidad de buscar reemplazos a las plantillas de Bomberos y Policía Local. Y con razón. Son dos ejemplos paradigmáticos de la situación global. En Bomberos la edad media es de 51 años y hay 20 vacantes. Los trabajadores de este servicio crucial tienen reconocido desde el año 2008 el derecho a la jubilación a los 60 años.

Más de lo mismo ocurre en Policía Local. Allí hay 40 vacantes y la edad media es aún mayor, alcanzando los 53 años que marca la media de la totalidad de los trabajadores. También tienen reconocido el derecho a jubilarse a los 60, e incluso a los 59, si han cotizado el tiempo suficiente. Más claro: uno de cada cuatro efectivos de la Jefatura se podrá jubilar en los dos próximos años, siendo un efecto particularmente llamativo en el cuadro de mando, donde el poder ha sido concentrado cada vez en menos manos.

No sólo uniformes

En ambos casos se han convocado plazas (18 de agente de policía y 7 de bombero, aunque se han anunciado seis más para 2019) como consecuencia de los acuerdos en materia de personal alcanzados entre el gobierno del PP y el grupo municipal socialista. Pero el Ayuntamiento es mucho más. En los últimos años se han puesto de manifiesto problemas de personal en áreas como Licencias (donde hubo quejas de los promotores porque se tardaba varios meses en ver e informar proyectos como consecuencia de la jubilación de dos de los cuatro arquitectos adscritos al servicio), o en la Inspección de Tributos, donde hay jubilaciones a la vista sin reemplazo y puestos sin cubrir en un área crítica... Ejemplos hay muchos, y si bien es cierto que están abiertos los procesos para cubrir varios puestos de trabajo, la oferta no servirá para paliar una situación provocada durante una década.