La Junta de Andalucía va a proceder a la inscripción registral de varias fincas del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) sobre las que ejerció derecho de retracto en 2006 por 2,3 millones de euros, lo que supone que se «formaliza» la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.

Así lo anunció ayer en Cádiz el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien trasladó que se trata de «la acción definitiva» para poner «ya a disposición de la Administración para su demolición esa monstruosidad que nunca debió construirse».

En una comparecencia junto al presidente de la Diputación, José Loaiza, Jiménez Barrios reveló que la Junta ya depositó en la Caja Provincial de Depósitos de Almería el montante de 2,3 millones de euros por el que la Administración regional se hace con la propiedad del suelo en aras de su interés medioambiental y concretó que, «en el menor tiempo posible», se hará efectiva esa inscripción en el registro, tal y como dispuso en sentencia firme desde el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El consejero enmarcó esta decisión en el contexto generado por las últimas resoluciones judiciales en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones y al «extraño procedimiento entre uno y otro juzgado» que concluyó con la reciente sentencia del TSJA que declara conforme a derecho a licencia municipal de obras concedida en 2003 para su construcción.

Cabe recordar que la Junta adquirió el suelo sobre el que se levanta el por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer «desaparecer» el establecimiento.

La iniciativa avanzada este martes por Jiménez Barrios supone «formalizar» ese derecho, que ya estaba ejercido sobre los sectores ST-1 y ST-2 del paraje con el depósito en la Caja Provincial de Depósitos de Almería de la cuantía económica, con la inscripción registral como «dominio público» de la Junta.  En concreto, y tal y como determinó el TSJA en tres sentencias, de las que dos han sido recurridas ante el Tribunal Supremo por la promotora Azata, debe ser el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente el que, en nombre de la Junta, «formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, las actas de pago y ocupación», así como la demás documentación necesaria para la total inscripción» de las fincas.