Los dos médicos inspectores que elaboraron el informe de la Gerencia de Salud de Área ratificaron hoy que ninguna de las dos sedaciones pautadas por el exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Juan Antonio Huidobro, estaba “bien indicada” ni por “situación terminal ni agónica” ni por “síntoma refractario”.   

Los inspectores, con iniciales R.D. y M.Y.G., elaboraron el informe con “información reservada” solicitado por la Dirección del HUBU a la Gerencia de Salud de Área de Burgos para determinar si había motivo para iniciar una investigación para poder o no verificar si existían indicios de delito penal y de apertura de expediente disciplinario al exjefe del Servicio de Medicina Interna del HUBU por el incremento en el número de sedaciones practicadas por el facultativo durante el último trimestre de 2014.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos acogió hoy la cuarta sesión del juicio de las sedaciones contra el exjefe del Servicio de Medicina Interna del HUBU por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional.

Durante su comparecencia como testigos peritos, la inspectora M.Y.G. aseveró que la actuación del acusado pautando las sedaciones que se juzgan fue “incorrecta”, tanto la que suministró al anciano de 95 años, con iniciales I.C., a principios de 2015, como la mujer M.C.B., de 77 años a finales de septiembre de 2014. 

Poner tratamiento

En su declaración hoy en sede judicial, la facultativo consideró que el tratamiento correcto para estos pacientes hubiera sido “no pautar la sedación sino poner un tratamiento al nonagenario, y en el caso de la mujer de 77 años, C.B., ver la evolución y según las complicaciones que fueran surgiendo ir actuando”. En ambos casos reiteró que sus diagnósticos no indicaban la necesidad de pautar “en absoluto” y “en ningún modo” una sedación.

En esta línea, explicó que para elaborar el informe se basa en la historia clínica, tanto médica como de enfermería y apuntó que se realizaron comparecencias con el doctor Huidobro, los sobrinos del anciano y las dos enfermeras del Servicio de Medicina Interna (M.G. y B.R.) que atendieron al nonagenario poco antes y después de la administración de la sedación.

El inspector R.R. concluyó que la sedación del anciano I.C. “no era la correcta por la inexistencia de síntoma refractario y enfermedad terminal que justifique la sedación”. Y, en el caso de la mujer C.B., expresó su “extrañeza” ante “la velocidad a la que se instaura la sedación” y lo definió como “algo peculiar”. Así, sostuvo que “lo lógico hubiera sido seguir los tratamientos para combatir la pancreatitis aguda (en la mujer) y la infección respiratoria (en el anciano)”.

“Podría haber ilícito penal”

Por su parte, la jefe de Asistencia Sanitaria e Inspección en la Gerencia de Salud de Área de Burgos en 2015, con iniciales M.L.M., relató que el informe elaborado por estos dos inspectores médicos concluyó que “podría haber una falta grave tipificada y un ilícito penal” por lo que proponía, según el documento, la elevación del expediente a la Fiscalía Provincial de Burgos.  

Asimismo, precisó que “a la vista” se contaba con el escrito de la Dirección del HUBU, los informes del Comité de Bioética Asistencial, un escrito del doctor C.D., quien revirtió la sedación al anciano I.C. y realizó la consulta acerca de su actuación, así como los protocolos sobre sedaciones que les habían enviado. Además, relató que los dos inspectores realizaron las comparecencias necesarias para obtener una conclusión. Con todo esto se concluyó, dijo, que “pudiera haber un delito” en la sedación de estos dos pacientes y que también “es susceptible de una sanción administrativa”.

21 casos sospechosos

Esta testigo perito declaró a preguntas de la acusación particular que en este informe también se contempla que existen hechos que indicaban como sospechosos 21 casos de otros pacientes fallecidos por sedaciones practicadas por el doctor Huidobro, así como que se registraba un incremento en el número de las sedaciones durante el último trimestre de 2014.

En este punto, la facultativa declaró que en la inspección “aparte de estos dos casos que se juzgan se solicita al HUBU las altas por defunción del Servicio de Medicina Interna, se analizan y su conclusión es esa”. “Parecía un número importante de las sedaciones; no sé si es más de lo normal porque no conozco si hay estadísticas”, manifestó.

Por su parte, la inspectora médico, M.Y.G., afirmó que elaborar el informe le llevó mucho tiempo”, sobre todo, en lo relativo a estudiar “uno a uno” las historias de los pacientes fallecidos en el Servicio de Medicina Interna en el último trimestre de 2014, que ascendió, dijo, a 127.

“Revisé por comprobar que no era un hecho aislado”, en alusión a la sedación del anciano de 95 años y aseguró que “vio que había 21 sedaciones pautadas por el doctor Huidobro que no estaban indicadas porque no eran pacientes terminales, en agonía ni había síntoma refractario”.

“21 sedaciones en este tiempo es un número alto pero no sé decir cifras oficiales de porcentajes en otros hospitales”, respondió a la acusación particular. Si bien, apostilló: “He leído que en las Unidades Paliativas de otros hospitales las sedaciones indicadas andan en torno al 20 por ciento”. A preguntas de la defensa, matizó que “bajo su punto de vista no estaban indicadas” ante la insistencia del letrado de que en el informe recogió que eran 21 casos “susceptibles de ser estudiados con más detenimiento”.  

La presidenta en 2015 del Comité de Bioética Asistencial del Área de Burgos, M.J.P., también prestó declaración en la maratoniana sesión judicial de hoy como testigo perito. Durante su comparecencia, sostuvo que “según las pruebas documentales y testimonios no parecía que las condiciones del paciente I.C. aconsejaran hacer una sedación”. “No parece que se deba aplicar la sedación si no hay signos de terminalidad: que son cuando el dolor o el sufrimiento es inaceptable porque las consecuencias son finalistas”, apostilló a preguntas de la acusación particular.

Mañana, quinta sesión

El exjefe de Medicina Interna del HUBU se enfrenta a 26 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por dos sedaciones irregulares que practicó a finales de 2014 y principios de 2015. El Ministerio Fiscal le considera presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional.

Además, la Fiscalía solicita una indemnización por 123.000 euros por el daño moral causado en el caso del anciano (15.000 euros) y la supuesta mala praxis en el caso de la mujer (108.000 euros). La quinta sesión de la vista oral se celebrará mañana miércoles, 5 de diciembre.