La mayoría de los grupos que conforman el pleno del Ayuntamiento de la capital ribereña sumaron fuerzas ayer para defender los intereses municipales en el litigio que enfrenta a esta institución local con la empresa Proincove por el pago de unos terrenos que se ocuparon en el entorno del río Arandilla para realizar el proyecto de recuperación de las riberas, por los que la promotora inmobiliaria pide la friolera de 4.017.00 euros. El Tribunal Superior de Justicia emitió una resolución de medidas cautelares por las que el Ayuntamiento tendría que abonar esa cantidad, decisión que, como es lógico, recurrió el Consistorio arandino alegando que el justiprecio fijado por estos 8.000 metros cuadrados es excesivo.
A través de una propuesta motivada, los ediles van a trasladar al TSJ la petición de que el pago se pueda realizar mediante dación en pago de inmuebles de propiedad municipal o aprovechamientos urbanísticos que compensen a Proincove por la ocupación de este solar, que se realizó en el año 2005. La resolución explica que esta alternativa se plantea para no ocasionar a la hacienda pública el grave trastorno que supondría el desembolso de tal cantidad.
La edil de Hacienda, Elia Salinero, explicó que una de las motivaciones que sustentan esta petición es que, una vez realizado un estudio del estado de las cuentas de la empresa acreedora, los técnicos consideran que su situación no aporta las garantías suficiente para que, en caso de que los tribunales fallasen a favor del Ayuntamiento o rebajasen el precio a pagar por los terrenos, la promotora estuviese en disposición de devolver lo pagado por parte de las arcas municipales. «Con las cuentas anuales vistas presentadas por esta empresa en el año 2011 parece detraerse que, si al final el Ayuntamiento tuviera una menor valoración o una retroacción de aquellos actos y tuvieran que devolver esos cuatro millones en el caso de que los hubiésemos pagado, supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal porque probablemente no tendrían capacidad suficiente para hacer frente a la devolución», explicó la concejal de Hacienda.
Además, Salinero recordó que se está a la espera de que se realice una valoración alternativa por parte de la Junta de Castilla y León para esclarecer un precio real y actualizado. «Existe un informe de la jefa de servicio de Urbanismo y el propio Plan General de Ordenación Urbana de Aranda por los cuales esta valoración de los 4.017.000 euros pudiera resultar excesiva sobre los propios terrenos», argumentó.
El portavoz del grupo socialista, Luis Briones, alabó los motivos expresados por la edil de Hacienda, destacando que el planteamiento actual es serios frente al de una empresa que «no se ha atenido a razones» y que da la impresión de que «solo quiere el dinero», considerando que las razones que plantea el Consistorio tienen el suficiente peso como para que el TSJ estime el recurso presentado por el ente municipal.
En el debate sobre esta cuestión, el edil de CCD, Alfonso Sanz, se mostró partidario de buscar un justiprecio real y de defender los intereses municipales por parte de la Corporación local. Por su parte, el concejal de UPyD, Javier Ávila, coincidió con sus compañeros de hemiciclo en que siempre hay que buscar lo que suponga un «mínimo gasto» para el Ayuntamiento, aunque expresó que nunca apoyará que la entidad local se desprenda de bienes inmuebles de su propiedad. En la misma línea se expresó el portavoz de IU, Máximo Pastor, quien dejó patente su sorpresa al constatar que existen disparidad de valoraciones de los terrenos, que van desde los 4 millones a los 500.000 euros. «No somos partidarios de desprendernos de patrimonio público, el Ayuntamiento tiene que defenderse pero no a cualquier precio», argumentó.
En definitiva, el acuerdo al que se llegó con los votos a favor de PP, PSOE, PRCAL y CCD y la abstención de IU y UPyD fue desestimar el recurso presentado por Proincove a los presupuestos municipales de 2013 por el que exigía que se consignase una partida de 4 millones para pagar el justiprecio de los terrenos.