Hay bienes patrimoniales que los pueblos consideran como propios por mucho que en el registro de la propiedad se refleje que los titulares son otros. Este es el caso del Monasterio de San Clara de Briviesca, un conjunto declarado monumento nacional 1931 y ahora Bien de Interés Cultural (BIC), al que los briviescanos están muy unidos y por el que siente una gran preocupación desde hace años, en concreto desde que en abril de 2005 la pequeña Comunidad de Madres Clarisas abandonó el inmueble para trasladarse mayoritariamente a Lerma, ocho de las nueve religiosas, e integrarse en Iesu Communio. La novena religiosa decidió ir al convento de Medina de Pomar.
A partir de ese momento, ocho partes de la propiedad pasaron al instituto religioso y una al convento de Medina de Pomar, ya que las constituciones de las monjas de Santa Clara establece que cuando desaparece una comunidad los bienes van a la que las recibe y si es más de una se prorratea. Desechada desde un primer momento una futura ocupación del monasterio, el primer paso que dieron las propietarias mayoritarias fue solicitar, a través del Arzobispado de Burgos, autorización a Roma para enajenar todo el conjunto, incluida la iglesia en la que se encuentra el famosos retablo de Diego Guillén y López de Gámiz, el principal reclamo turístico de la capital de La Bureba.
Obligaciones no cumplidas. Ser propietario de un BIC conlleva una serie de obligaciones, como se establece en la Ley de Patrimonio de Castilla y León, que las propietarias no han cumplido desde que asumieron la propiedad.
La primera de esas obligaciones es la de conservar el bien, lo que no se está haciendo, como reconocen desde el Servicio Territorial de Patrimonio, cuyos técnicos han realizado numerosas visitas para inspeccionar el estado del inmueble y proponer en varias ocasiones la necesidad de actuar en el claustro gótico, «si bien las propietarias del inmueble no han presentado proyecto alguno al respecto, ni han concurrido a las subvenciones que anualmente convoca la Consejería para la restauración de Bienes de Interés Cultural. El propio delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, recuerda que hace cinco años tuvo la oportunidad de visitar el complejo y comprobar que ese claustro gótico «presenta deficiencias estructurales y algunos desprendimientos», afirma, a la vez que recuerda que el patio del mismo se encontraba lleno de excrementos de palomas.
A pesar de esa situación, y de las continuas denuncias de la Asociación Amigos de Santa Clara sobre el deterioro del claustro, apelando a la Ley de Patrimonio, el delegado territorial de la Junta reconoce que, «aunque la obligación de la conservación es de las propietarias, es difícil obligarlas a que realicen obras de restauración», ya que a su juicio requiere de una gran inversión.
El segundo de los incumplimientos de Iesu Communio es que no han puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, en ningún momento, ni hace años cuando lo intentaron por primera vez ni ahora cuando lo han publicitado a través de un portal de inmobiliario de internet, la intención de vender el conjunto monumental por tres millones de euros. «La Comisión Territorial de Patrimonio, en su sesión de 4 de junio, acordó recordar a la orden religiosa que tiene el deber de notificárselo a la Consejería de Cultura y Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León», señalan desde la DelegaciónTerritorial.
Sobre esa posible venta, Fernández-Mardomingo indicó que al no tener conocimiento ‘oficial’ de la misma la Administración regional no realizará ningún movimiento y que solo en el supuesto de que las vendedoras encontraran un comprador, algo bastante improbable en las actuales condiciones, apuntó entonces tendría que entrar a valorar si ejerce el derecho de retracto y tanteo que contempla la Ley de Patrimonio de Castilla y León.
Desaparece el anuncio. Curiosamente, tras hacerse eco Diario de Burgos de que el Monasterio de Santa Clara estaba en venta por tres millones de euros, lo que ni confirmaron ni desmintieron desde Iesu Communio, el anuncio desapareció de la página que lo ofertaba, casi coincidiendo con el requerimiento de la Comisión Territorial de Patrimonio para que comunicarán a la Junta su intención de enajenar este bien patrimonial.
Lo cierto es que, como señala el delegado territorial de la Junta, el uso como alojamiento turístico es una de las pocas salidas que puede tener este complejo, aunque para ello matiza que sería necesario modificar las restricciones que el Ayuntamiento de Briviesca estableció en su día sobre la huerta del monasterio (el objetivo no era otro que evitar la especulación urbanísticas) para poder realizar algún infraestructura dotacional para uso turístico o del alojamiento.
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