De una manera o de otra, los movimientos que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda para dar salida al conflicto del coso cubierto parece que acabarán en el juzgado. A las reiteradas advertencias de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, anunciando que presentará una querella por prevaricación en cuanto se le conceda licencia, y los posicionamientos similares adoptados por distintas formaciones políticas, se suma ahora la empresa Hunter Propierties S.L., que llevará a los tribunales a los responsables municipales si autoriza el uso excepcional de suelo rústico para construir el aparcamiento que exige el PGOU para estas instalaciones en la parcela de 3.500 metros cuadrados situada en el término de La Regadera, en la margen derecha de la carretera de Sinovas.
Dicha firma es la actual propietaria de los terrenos rústicos que hace más de tres años ya se propusieron para albergar los estacionamientos requeridos. Sin embargo, en aquel momento, y tomando en consideración los informes técnicos contrarios a la concesión de la autorización ante la existencia de suelo urbano suficiente para poder ejecutarlos -los mismos términos que se plantean ahora- la opción se acabó descartando.
El titular de esta parcela considera que, de aprobarse el uso excepcional, se le habría causado un grave perjuicio ya que se estaría dando luz verde ahora a lo que en 2011 se rechazó. Desde Hunter Propierties se insiste en que sus terrenos ofrecían mejores condiciones para albergar el párking. Situado en la denominada cuesta de San Pelayo, entre el Canal de Aranda, la ARU-32 y la carretera de Sinovas, está prácticamente al lado de la plaza de toros. Asimismo, se encontraban ya urbanizados, dotados de servicios como luz y agua, de los que carecen los terrenos propuestos en la actualidad y anexa a una parcela de suelo urbano. Su extensión, de cerca de 7.000 metros cuadrados, daba cabida a todas las plazas de aparcamiento que exige la normativa urbanística -mínimo 240, aunque algunas voces las elevan hasta 320. En cualquier caso, por encima de las 220 propuestas en la última oferta- y, además, era totalmente accesible por viales asfaltados y sin necesidad de atravesar ninguna carretera.
Por último, se advierte también de que en su momento, Toros Ricor se comprometía a ceder al Ayuntamiento tanto el estacionamiento como el suelo en que se iba a construir, aspectos que no se preven en su última propuesta.
El propietario recuerda que el Ayuntamiento está obligado a elegir la mejor opción para los ciudadanos y en caso contrario, podría estar cometiendo una presunta prevaricación. Por ello, y tal y como ya se lo ha comunicado al edil de Urbanismo, Alfonso Sanz, está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales para que determinen si se ha cometido algún delito.