Representantes del PSOE, Compromis-EQUO, la Izquierda Plural, Esquerra Republicana en Catalunya (ERC), Coalición Canaria, Amaiur, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), PNV y Geroa Bai sellaron ayer en Madrid una declaración por la que se comprometen al cierre definitivo de Garoña, si alcanzan responsabilidades de Gobierno. En el documento que rubricaron exigieron al Gobierno del PP que «reabrir Garoña no presuponga la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro», mientras que el portavoz de EQUO, Juantxo Uralde, insistió en que «no vamos a aceptar el chantaje como ha ocurrido con Castor, de asumir costes posteriores sobre presuntos beneficios que se dejarían de obtener si Garoña se hubira reabierto».
Los firmantes, con quienes discrepan UPyD, Unión del Pueblo Navarro (UPN)y Foro Asturias, mientras que CIU no se pronuncia, saben que el PP podría tomar una decisión antes de las elecciones generales. Y temen que, a pesar de un posible cambio de signo en el Gobierno, el cierre de Garoña pueda significar el desembolso de una importante indemnización a Nuclenor en compensación por el lucro cesante o por impedirle llevar a término la autorización de explotación que el PP prácticamente ha dado por hecho que le otorgará, si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe favorable.
Los firmantes del compromiso entienden que Garoña es «innecesaria», porque durante los dos años de parada de su reactor «no ha habido ningún problema de abastecimiento energético», si bien España vive una de las crisis económicas más graves de su historia con el descenso del consumo que ello conlleva. Asimismo, entienden que «el Gobierno ha utilizado el caso de Garoña para avanzar en su agenda su intención de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los sesenta años».
Por contra, abogan por «un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear tras un periodo de adaptación». Y en particular, exigen el cierre de Garoña, por tratarse de la central más antigua del parque español, por ser «gemela de Fukushima» que sufrió un accidente en 2011 tras un terremoto y un tsunami, y por presentar lo que consideran «graves déficits de seguridad». A este último argumento no añadieron ningún dato más, aunque EQUO sostuvo que estos déficits «se han puesto de manifiesto en diversos informes del Consejo de Seguridad Nuclear», que hasta ahora ha avalado el funcionamiento de la planta y ha insistido en que cumple todas las medidas de seguridad.
Siete años
Los integrantes del frente ‘Antigaroña’ postulan que el cierre debe ir acompañado de un plan de reactivación económica de su entorno y que su desmantelamiento «contará con un calendario no inferior a siete años, tiempo más que suficiente para desplegar el plan de reactivación de la zona al cien por cien». En ningún punto hablan del futuro de las cerca de 500 personas que ahora trabajan directamente en la planta después de un proceso de adaptación a la situación de cese que ha conllevado numerosos despidos, ni del empleo indirecto.
Tras el acuerdo, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, manifestó que «el modelo energético en nuestro país debe decidirse por consenso. No debe hacerse por decisiones unilaterales y debe caminar hacia un modelo de transición energética en el que vayamos prescindiendo progresivamente de las nucleares y, principalmente de Garoña». Mientras, el portavoz del Gobierno regional, De Santiago Juárez, le pidió que «explique a las mil familias que dependen de Garoña por qué quiere cerrar el reactor y qué futuro las ofrece».