El conflicto existente entre los efectivos del servicio de extinción de incendios de la capital ribereña y el Ayuntamiento arandino lleva camino de enquistarse y está tomando unos derroteros que rayan el esperpento. Tras las críticas hacia los efectivos del Parque de Bomberos en las que, por parte de responsables municipales, se les acusaba de ganar mucho dinero por hacer horas extra, los miembros de este servicio decidieron dejar de hacerlas y se lo comunicaron oficialmente a los responsables del Consistorio hace una semana.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que algunos turnos contarían sólo con tres personas para cubrirlos y una se quedaría en el parque para atender los avisos, con lo que sólo habría dos bomberos operativos para atender un siniestro, se tomaron dos decisiones. La primera, la más inmediata, fue que el lunes 13 de agosto, cuando en el turno de tarde sólo había tres bomberos, «la solución de urgencia que toman para ese día es dejar el parque con tres efectivos y si ese día hay salida, mis compañeros tienen que llamar a la Policía Local para que se desplazase allí un efectivo para atender las llamadas», explica Javier Puente, representante sindical de este servicio municipal.
Puente aclaró que esta medida es del todo desatinada porque «un policía local no puede atender las llamadas de un servicio de extinción de incendios que no conoce» y porque «la tardanza que íbamos a tener los bomberos al atender un siniestro, que la hemos calculado en media hora porque no podríamos salir hasta que no llegase un policía».
Pero lo que a los integrantes del Cuerpo de Bomberos les parece más sangrante es que se les está obligando a realizar horas extra para cubrir los turnos que están escasos de personal. «Hay un decreto de Alcaldía en el que se nos obligaba a trabajar. Yo mismo estaba nombrado el 15 de agosto para trabajar a las 15 horas en mi tiempo libre y por decreto de Alcaldía. Al ser por decreto, el problema es cómo notificar a las personas y mandan a efectivos de la Policía Local en busca y captura de los bomberos», relata Puente.
Esta situación la califican los bomberos arandinos de «insostenible» al considerar que están mermando sus derechos «como personas y como trabajadores». Ante esta nueva vuelta de tuerca, estos trabajadores están estudiando acudir a la vía judicial. «Vamos a emprender acciones legales por abuso de autoridad, por acoso, por vejaciones porque yo no tengo porqué esconderme de nadie y por coacción porque el concejal de Seguridad Ciudadana nos llegó a decir que quien no fuese a trabajar, acatando el decreto de Alcaldía, estaría expedientado».
Además, los bomberos arandinos registraron ayer un escrito en el Consistorio en el que denuncian que no cuentan con un número suficiente de mandos para tomar las decisiones sobre cómo prestar cada servicio. «A día de hoy tenemos un sargento y dos mandos, dos cabos, por desgracia los dos cabos están de baja, solo tenemos un sargento o lo hace él o el jefe de servicio o no sabemos». Hasta ahora, eran los propios bomberos en cada turno los que «por buena voluntad» asumían estas responsabilidades pero «en vista de cómo está actuando el equipo de gobierno ante el cuerpo de bomberos vamos a dejar de asumir esas funciones y que las asuma a quien competa», sentencia el representante sindical.
Una piedra más en el zapato de este conflicto laboral es otra decisión tomada por la junta de gobierno local y criticada por los bomberos, que consiste en realizar los trámites precisos con la compañía telefónica para que, cuando los efectivos de extinción de incendios estén cubriendo una emergencia, las llamadas entrantes de aviso se desvíen a la sede de la Policía Local. «Lo que pretenden es meter en problemas a la policía que tendrá que atender estas llamadas», asegura Javier Puente, quien recordó que una mala atención telefónica puede provocar que la asistencia se preste con retraso, lo que puede suponer importantes pérdidas materiales e incluso humanas si la contingencia se complica en el espacio de tiempo que tarden en llegar.