El Partido Popular (PP) tachó de «extemporánea» la moción presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) sobre la necesidad de reclamar a las administraciones superiores el coste del servicio de extinción de incendios y salvamento fuera del término municipal por considerar inminente la firma del convenio. Sin embargo, la aprobó, como hizo el resto de grupos políticos.
«Está totalmente fuera de lugar porque todos los concejales disponen del borrador del convenio de bomberos en el que se establecen los 41 núcleos de población que se incluyen en el territorio», comentó Máximo López, despertando las risas del edil magenta, Javier Ávila. «Debemos acudir a comisiones distintas porque solo se nos ha presentado el documento de Burgos y no el de Aranda. Y no se ha hablado nada de las adendas ni de las cantidades pendientes de cobrar desde el año 2014», interpeló Ávila.
Su comentario fue respaldado por la portavoz del Partido Socialista (PSOE), Mar Alcalde. «El convenio no ha pasado por ninguna comisión y, a día de hoy, sigue siendo un tema sin resolver».
Aseveración que López trató de matizar asegurando que se aprobará en el próximo pleno de la Diputación de Burgos. Una información que desacreditó el edil socialista Ildefonso Sanz al asegurar que antes debe pasar por la junta de Gobierno provincial. Trámite que aún no se ha realizado.
La única certeza es que desde el 25 de septiembre del año 2014, cuando la corporación municipal decidió rescindir el contrato con la Diputación por considerar escasa su aportación, el parque de bomberos de Aranda ha seguido prestando un servicio que no le compete según la Ley de Bases de Régimen Local. Su coste ha repercutido en el Ayuntamiento, que reclamará unas cantidades sin saber a cuánto ascienden. El concejal de Izquierda Unida (IU), Yonatan Gete, cuantificó una salida ordinaria (tres bomberos, un cabo y un camión durante tres horas) en 300 euros. Cifra que habría que multiplicar por las salidas realizadas fuera del territorio pero que el edil responsable no aportó.
Nadie sabe nada
El orden del día incluía la aprobación de una modificación de la ordenanza reguladora de la O.R.A que, en principio, tan solo suponía adaptar las zonas de residentes. Una petición que los vecinos de la zona centro llevan reclamando desde la peatonalización del casco histórico. Sin embargo, se quedó sobre la mesa porque nadie consiguió aclarar a la oposición el punto referente a la variación del coste de la anulación de la multa.
Ni el equipo de gobierno supo contestar ni el secretario ofreció respuesta alguna. La propia alcaldesa, Raquel González, le instó a desplazarse a su despacho para consultar la ordenanza y, aunque realizó el paseo, no encontró la documentación. Motivo por el que los concejales decidieron comprobarlo con sus móviles sin éxito alguno, lo que demostró la falta de actualización y organización de la página web del Ayuntamiento. Los grupos políticos aprovecharon el error para reclamar al equipo de gobierno una revisión total de dicha ordenanza. Incluso llegaron a proponer el estudio de diferentes zonas de pago con distinto coste.
En el turno de ruegos y preguntas, Ávila y Alcalde mostraron su malestar por la decisión del equipo de gobierno de no comunicar a la oposición la visita que realizarán hoy los técnicos municipales a la plaza de toros para inspeccionar las obras realizadas, tal y como se acordó en la sesión plenaria del mes de enero.