El 2012 se cerró con un descenso radical de la cifra de animales muertos por ataques de lobos en la provincia, a juzgar por los datos oficiales facilitados por la delegación territorial de la Junta. Mientras que en 2011 se denunció y constató la muerte de 257 cabezas de ganado en cabañas de todo Burgos tras supuestos ataques de estos depredadores, el año pasado solo hubo 66, lo cual supone un descenso del 74,3% en un año. El servicio de Medio Ambiente justifica la reducción alegando que puede ser que los ganaderos hayan extremado las medidas de precaución, a que los lobos se hayan dispersado o a que se hayan capturado los 21 que autoriza la ley. En cambio, la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), considera que el furtivismo está haciendo estragos y que el método para entregar los precintos no es el mejor.
Sea como fuere, lo cierto es que de un año para otro la reducción en la población de ganado muerto es más que significativa. La Demanda, por ejemplo, aglutinó en 2011 más de 200 muertes de ovejas y vacas por los lobos y en 2012 la Junta solo tiene constancia de 31, todos de ovejas y, al igual que otros años, la mayoría ocurridos en Palacios de la Sierra. En otra de las zonas ganaderas por excelencia, las Merindades, también ha habido disminución, pero no tan exagerada: 38 animales muertos en 2011 y 26 en 2012, de los cuales 17 fueron devorados en agosto en una misma localidad, Valle de Mena. Este último fue el percance más grave de los denunciados ante la Consejería de Medio Ambiente en todo 2012, puesto que además de las ovejas que murieron, hubo otras 12 heridas o desaparecidas, siempre según los partes de los ganaderos.
¿Qué ha pasado para que solo en un año haya semejante diferencia? Ascel afirma que para contestar habría que tener varios aspectos en cuenta. El primero, que en la provincia de Burgos no hay un protocolo de actuación específico para determinar la autoría de los ataques a las cabañas. «Podría ser un lobo, un perro o cualquier otro cánido», explica el vicepresidente del colectivo y vecino de Merindades, Juan Ángel de la Torre, matizando que, «en cambio, siempre se afirma que han sido lobos aunque no se tenga la certeza». A esto, dice, habría que añadir el tiempo que transcurre entre el hallazgo del animal muerto y la llegada del veterinario que certifica la autoría, precepto indispensable para que los propietarios puedan recibir cualquier tipo de indemnización. Sin embargo, Ascel considera que el mayor problema es que no hay control exhaustivo del furtivismo.
Los lobos han sido siempre protagonistas de una de las mayores polémicas del mundo rural porque la Administración tiene que tratar de satisfacer las exigencias de ganaderos y criadores que año tras año ven diezmadas sus cabañas por ataques de animales y, por otra, asegurar que la población de este depredador se controla con criterios que garanticen la sostenibilidad y el equilibrio, algo que a juicio de los grupos conservacionistas tampoco se está consiguiendo. De hecho, mientras que la Junta afirma que la población de lobos en la provincia se mantiene en torno a 25 grupos, Ascel lo niega. «Ahora, habrá en torno a 18 o 20, asentados y reproductores con éxito en Burgos, no 25 como dice la Junta», afirma de la Torre.
Detrás de esta diferencia de estimaciones está, según Ascel, la caza ilegal. Los planes cinegéticos de Castilla y León para 2012 y 2013 autorizan a matar un total de 21 lobos en la provincia: seis en Merindades y en la Demanda; dos en Páramos, en la comarca del Pisuerga y en la del Arlanza;y, por último, uno en las comarcas del Arlanzón, Bureba y en los terrenos situados al norte del Duero de la Ribera. Sin embargo, lo habitual es que no se maten estos 21 ejemplares o, al menos, no de forma legal, porque en anteriores temporadas, la Junta afirmó que no se habían cubierto los cupos de capturas establecidos. De ahí que en Ascel se pregunten cómo es posible que si no se cumplen los cupos sea posible reducir de forma tan abrupta las muertes de ganado. «¿Qué está pasando? ¿Cómo mueren los lobos?», pregunta de la Torre, para contestar de inmediato: «Envenenados, atropellados y por la caza furtiva. Están muriendo muchos lobos». El servicio de Medio Ambiente, en cambio, apuntó a través del gabinete de prensa de la delegación territorial de la Junta que se están matando los 21 ejemplares que autoriza la comunidad.
En Ascel, lo niegan de forma rotunda y apuntan que las modificaciones que se han introducido en la entrega de los precintos han tenido mucho que ver. «Hasta ahora, los precintos estaban en poder de los agentes forestales y, cuando se había abatido un lobo, se les llamaba, ellos iban a poner el precinto y se descontaba. Era muy difícil que se matara más del cupo, pero ahora -apunta de la Torre- se han repartido precintos en los cotos y se está haciendo horrorosamente mal, porque se depende de la buena voluntad de los cazadores y de que den parte a la Administración cuando han matado a un lobo».
A esto hay que añadir que, según sus palabras, en la zona de Merindades se ha recortado en personal y hay menos agentes forestales, por lo que también se hace más difícil que puedan ir a verificar lo que ha ocurrido.
La Junta, sin embargo, sostiene que si el año pasado hubo tal diferencia en la cifra de cabezas de ganado muertas fue porque los ganaderos extremaron la precaución «guardando al ganado por las noches y protegiéndole mediante perros mastines durante el pastoreo y en los rediles», algo que, al parecer, la Junta considera que no se hacía antes en las ganaderías. Por otra parte, el servicio de Medio Ambiente opina que puede ser que las manadas de lobos que antes buscaban la comida en la Demanda y Merindades ahora se hayan desplazado a otras «zonas limítrofes», como Soria, País Vasco o La Rioja.
Destacaron, eso sí, que no se han producido cambios en los criterios para determinar la autoría de los ataques y muertes.